La hasta ayer vicepresidenta, Dina Boluarte, quien traicionó a Castillo, calificó de “golpe de Estado” la decisión del mandatario de disolver el Congreso, decretar un gobierno de excepción, llamar a elecciones para un constituyente y emprender la “reorganización” del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Aún ya disuelto, en respuesta a tales determinaciones el Legislativo destituyó a Castillo por una abrumadora mayoría y la fiscal Patricia Benavides ordenó la detención del exmandatario, quien fue retenido en la Prefectura de Lima por la Policía Nacional.
De inmediato, sintomáticamente, un portavoz del Departamento de Estado declaró en Washington que Estados Unidos consideró a Castillo un “expresidente”.
Sin afán de justificar las medidas adoptadas por el antiguo maestro rural, señala La Jornada, es importante considerar su contexto: en año y medio en el cargo,
Castillo no pudo llevar a cabo el mandato que recibió en las urnas en junio del año pasado –y que incluía la convocatoria a un congreso constituyente y la desactivación del Tribunal Constitucional– porque durante ese tiempo su gestión fue sistemáticamente saboteada por la derecha, tanto en el ámbito legislativo como en el judicial y en el mediático.
La pertinencia de la reorganización institucional que propugnó el presidente fue dramáticamente confirmada por 15 meses de una ingobernabilidad, que es ya rutinaria en Perú y que se traduce en la inviabilidad del Poder Ejecutivo:
De 2018 a la fecha, la nación andina ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Legislativo, e incluso procesados, por acusaciones –verídicas o falsas– de corrupción.
En este contexto, añade el diario, es claro que la remodelación institucional del país y la regeneración de una clase política del todo descompuesta eran y siguen siendo tareas indispensables para dar a Perú un mínimo de estabilidad y certeza política.
La disfuncionalidad de las instituciones fue aprovechada desde el primer día del gobierno de Castillo por una derecha corrupta, racista y oligárquica que vivió como un agravio la llegada al Palacio de Gobierno de un sindicalista indígena dispuesto a aplicar un programa económico y social de justicia social y soberanía.
Aun antes de las elecciones de 2021, la derecha oligárquica emprendió una campaña de linchamiento en contra de Castillo, para lo cual echó mano de sus medios y de sus partidos y cerró filas en torno a la candidatura de Keiko Fujimori, hija de uno de los presidentes más corruptos y represores de la historia reciente.
La Jornada advierte que el caso de Perú tiene resonancias ineludibles con el de Argentina contra la vicepresidenta Cristina Fernández, con la persecución mediática que depuso a Dilma Rousseff en Brasil y el que llevó a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva, así como con la ilegal destitución de Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia.
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