La empresa buscaba prorrogar la explotación de esa área y negociaba extender el contrato más allá del 31 de diciembre de 2022.
Sin embargo, este jueves el gobierno ecuatoriano señaló mediante un comunicado que New Stratus no demostró los requisitos previstos en la Ley de Hidrocarburos en su Artículo 2 -probada experiencia y solvencia técnica y financiera-, por lo cual negó la autorización.
La extensión del plazo de un contrato petrolero, es un acto de soberanía del Estado, que se da siempre que convenga a sus intereses y es por lo tanto una facultad discrecional de la autoridad, señala la nota oficial.
La víspera, la petrolera señaló que no llegó a un acuerdo con el Gobierno de Ecuador para la extensión y migración de los contratos e indicó que ejercerá sus derechos legales y contractuales a través de un “arbitraje internacional formal”.
Además, anunció que reclamará a Ecuador 260 millones de dólares por daños ocasionados.
New Stratus Energy Inc. opera en el país suramericano desde noviembre de 2021 a través de su filial Petrolia que compró el 35 por ciento de las acciones que su homóloga Repsol tenía en esos campos.
El Ministerio de Energía lamentó la situación y dejó claro que el reclamo de la compañía es “totalmente infundado y carente de validez”, pues la expectativa de una prórroga del plazo contractual como un derecho adquirido es errónea.
ro/avr
