Castillo, detenido ayer tras su fallido intento de disolver el Parlamento opositor, declinó responder preguntas generales del juez Juan Carlos Chekley, en la audiencia sobre el pedido de la Fiscalía de formalizar su detención preliminar por siete días.
El exgobernante dejó la respuesta a una pregunta sobre el cumplimiento del protocolo de su detención en manos de sus defensores, el ex primer ministro Aníbal Torres y Víctor Pérez Liendo, quienes consideraron infundado el pedido de detención por carecer de sustento.
Torres afirmó que el Ministerio Público vulnera flagrantemente el principio de legalidad pues pretende que la detención se apruebe pese a que no ha acreditado los delitos presuntamente cometidos por Castillo.
El abogado Reyes dijo que el mensaje televisivo en el que ayer anunció la disolución del Parlamento y otras medidas no fue una acción de armas, elemento que es esencial en una rebelión.
También señaló que “Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión”, pues no se hicieron efectivas y agregó que Castillo tampoco firmó ningún decreto con ese contenido.
Reyes advirtió además que la detención de Castillo por supuesta flagrancia fue ilegal y recordó que, como expresidente, tiene inmunidad (por cinco años) y su captura requiere de un procedimiento de levantamiento de esa protección.
De otro lado, Castillo fue interrogado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre los cargos en su contra.
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