Mientras los opositores a Castillo, que intentaron su retiro desde antes que asumiera, celebran lo que llaman “recuperación de la democracia”, otros prismas aseguran que el ascenso de la nueva presidenta Dina Boluarte, no es una solución a la crisis.
La exministra de la Mujer del gobierno cesado, Anahí Durand, una destacada analista, dijo que el cambio de presidente no resuelve la crisis, pues hay protestas contra el Congreso, cuya impopularidad se refleja en una aprobación de apenas seis por ciento. “Dina Boluarte no tiene bancada parlamentaria propia ni respaldo popular y su gestión va a ser muy dificil, lo que correponde sería llamar a elecciones generales y sobre todo una nueva constitución” para superar la inestabilidad permanente actual, dijo.
Según la analista, la nueva gobernante no debe seguir gobernando con un parlamento que llamó golpista y que manipula la constitución a su antojo y debe consultar al pueblo en un referendo para nuevas elecciones y una asamblea constituyente.
Anahí Durand recordó que la crisis y la inestabilidad datan de 2016. Ese año el presidente Ollanta Humala terminó su mandato y Pedro Pablo Kuczynski inició el suyo y la neoliberal Keiko Fujimori obtuvo mayoría absoluta en el Parlamento, la cual utilizó para desestabilizar al elegido, hasta que renunció en marzo de 2018.
El sucesor, Martín Vizcarra, fue vacado en noviembre de 2020 y reemplazado por el presidente del Congreso de entonces, Manuel Merino, quien en menos de una semana renunció ante grandes manifestaciones de repudio, y asumió Francisco Sagasti, quien sobrevivió al acoso congresal y, tras elecciones, asumió Castillo.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que la gestión de la nueva presidenta no podrá desarrollarse si se mantiene el uso excesivo de mecanismos de fiscalización al Ejecutivo.
Ese problema tiene tal magnitud, según la funcionaria, que en los 14 primeros meses de gobierno de Castillo hubo 209 acusaciones constitucionales contra ministros y otros funcionarios de alto nivel, frente a solo 200 registrados en cinco años de gestión de Humala.
La primera ministra de Castillo, Mirtha Vásquez, se refirió a la tregua política pedida por la nueva presidenta y dijo que el problema es que se trata de “una tregua entre poderes del Estado, en las alturas, entre instituciones deslegitimadas y alejadas de la gente.
Agregó que en esa tregua “el pueblo es prescindible, no cuenta, no lo escuchan, no le dan canales de participación ni consulta”.
Según la analista Laura Arroyo, Boluarte es una presidenta hipotecada a ese Congreso golpista, preguntó si en ese escenario se puede pensar en estabilidad y planteó también elecciones adelantadas y constituyente, previo referendo.
El académico y analista Sinesio López cuestionó a “las élites que instauraron el modelo neoliberal y el patrimonialismo, base de la corrupción, en la Constitución misma de 1993 que definió al Estado subsidiario, al servicio del mercado y de los empresarios”. “Creen que el Estado les pertenece y que son las únicas capaces de administrarlo”, señaló, y dijo que el Congreso, dirigido por la derecha, “ha arrebatado al pueblo el derecho al referendo”.
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