De acuerdo con el ombudsman, el Estado está en mora en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual hace que situaciones sociales en muchas ocasiones, se transforman en violaciones a los derechos humanos.
En un informe de su gestión, Leblanc mencionó entre esos convenios el No.169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 sobre el derecho de los pueblos indígenas, el cual fue firmado, sin embargo, no ha sido ratificado.
También se refirió a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Además mencionó el protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y la Convención americana contra toda forma de discriminación e intolerancia, suscrita en 2014, pero sin ratificar.
Otra herramienta desconocida es la Convención interamericana sobre protección de los derechos humanos de personas mayores, en vigor desde 20217, precisó al respecto el diario La Estrella de Panamá.
Sobre educación, el activista indicó que en 2022 es una de las instituciones con más quejas ante la Defensoría del Pueblo e instó a elevar los indicadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de ofrecer una educación igualitaria e inclusiva.
Expresó su preocupación por la insuficiencia en los planes y programas para prevenir el embarazo adolescente, en las áreas más prioritarias del país, especialmente el área indígena.
Leblanc calificó como pésima la atención que se le brinda al asegurado y el tema de desabastecimiento de los medicamentos.
De otra parte, aseveró que en el tema migratorio no hay personal especializado para atender a los menores de edad y recomendó una mejor comunicación y sinergia entre los países de origen, tránsito y destino.
En cuanto al aumento de la violencia contra la mujer llamó a reactivar el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, para «disminuir la brecha existente en la política pública y la realidad en que vivimos”, remarcó.
Manifestó además que aún se mantiene cifras desfasadas sobre la población con personas con discapacidad y que el istmo se mantiene como país no amigable para las personas con discapacidad en movilidad.
Otro de los temas abordados fue la política penitenciaria, la cual, dijo, evidencia una clara tendencia a la vulneración de los derechos humanos, la sobrepoblación demuestra que la infraestructura construida es insuficiente.
Al mismo tiempo expresó que se debe mejorar la calidad de vida y verificar la accesibilidad de sus derechos de la población LGTBIQ+.
Leblanc reconoció que el año que cierra, el país vivió una de las mayores crisis sociales, mostrada a través de múltiples protestas registradas entre los meses de mayo y agosto, a consecuencia del alto costo de la canasta básica, los medicamentos y debido a reclamos por la rebaja del precio del combustible.
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