Por Oscar Bravo Fong
Redacción África y Medio Oriente
En no pocas de esas marchas, multiplicadas en Jartum, capital del país, la vecina ciudad de Omdurman y otros territorios, los inconformes enarbolaron carteles y gritaron consignas mediante las cuales demandaron que el impuesto Gobierno de los uniformados dé paso a un Ejecutivo civil.
Organizadas por Comités Cívicos de Resistencia -entes con una lucha pacífica activa desde que en abril de 2019 fuera apartado del poder por gendarmes el entonces presidente Omar Hassan al-Bashir-, tales protestas desembocaron en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e inconformes.
Entes como la Oficina de Médicos Unidos y Abogados de Emergencia, señalaron que la represión ejercida durante las movilizaciones por la policía antimotines elevó a 121 la cifra de manifestantes occisos desde octubre del pasado año hasta la fecha.
Durante las concentraciones resultaron heridos decenas de civiles, muchos de ellos con pérdidas de ojos por el uso a cuenta de los agentes de balas de goma y gases lacrimógenos.
Aunque podría parecer extraño, desde antaño el pueblo sudanés empleó el método de las protestas pacíficas, incluidas sentadas y marchas, para poner fin a la opresión del dominio colonial británico y a regímenes militares, documentaron historiadores.
CONFLICTOS INTERCOMUNITARIOS
Aparejados a las acciones de resistencia pacífica, desde julio último, por otro lado, se desataron nuevos conflictos intercomunitarios en los estados de Nilo Azul (sur) y Kordofán Sur, un mal que afecta desde hace varios años también a la occidental región de Darfur.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denunció, en ese contexto, que debido a los choques en la ciudad de El Roseires, en Nilo Azul, junto a cientos de desplazados, se contabilizaron unos 170 muertos, 300 heridos y 97 mil desplazados.
Acorde con los reportes, los violentos incidentes en la mencionada demarcación ocurrieron entre los grupos étnicos hausa y los autóctonos birta, luego de que los primeros pidieron al Gobierno que les permitieran establecer un emirato o cacicazgo en la zona, lo cual rechazaron los segundos.
Asimismo los enfrentamientos directos entre las tribus misseriya y nuba por el control de tierras fértiles en la localidad de Al-Lagowa, en Kordofán Occidental, provocaron que en los últimos meses abandonaran sus aldeas unos 36 mil 500 residentes locales, de acuerdo con estadísticas de entes humanitarios.
De cara a ese conflictivo panorama, numerosas instituciones protectoras de los derechos humanos lamentan de forma reiterada que las fuerzas de seguridad azuzan las diferencias existentes entre grupos étnicos con el fin de controlar áreas de influencia social.
En otra parte de la geografía sudanesa, concretamente en Darfur Central, estallaron tiempo atrás trifulcas entre dos facciones del grupo insurgente Ejército de Liberación de Sudán-Abdel Wahid, que dejaron saldo de 13 fallecidos y cerca de seis mil desplazados.
Tal rebrote de violencia preocupó a la OCHA ya que esos civiles, tras huir de sus casas, se alojaron en campamentos de refugiados, los cuales además de estar abarrotados de seres humanos, carecían de suficientes alimentos, entre otros medios de vida.
No se debe soslayar, en ese sentido, que, de acuerdo con la ONU, el conflicto armado de más de cinco años en la región de Darfur (2003-2009) y en el que tomaron parte el Ejército, milicias progubernamentales y formaciones rebeldes, provocó unas 300 mil muertes y dos millones de desplazados.
EN BUSCA DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA
No obstante, en medio del caldeado ambiente social, reverdecieron las esperanzas populares por lograr la estabilidad, luego de que a principios de noviembre último militares y la coalición Fuerzas por la Libertad y el Cambio suscribieron un preliminar acuerdo marco político para la transición. Según la prensa local de Jartum, ambas partes pactaron preliminarmente “poner fin a la asonada castrense de octubre de 2021 y establecer nuevas normas para un gobierno civil, proceso que concluirá con unas elecciones generales”, para cuya celebración no se definió aún una fecha.
Dicho convenio, que de materializarse podría destrabar el vigente impasse político en Sudán, incluye también otros temas medulares, reclamados por antiguos grupos rebeldes, como cuestiones relacionadas con la justicia transicional y la reforma del sector militar y de seguridad.
Ante la madeja de efectos combinados de conflictos armados, recesión económica y desplazamientos poblacionales, muchos se preguntan si ese país, donde pasan hambre unos 18 millones de habitantes del total de 44, podrá alcanzar a corto y mediano plazo mayores progresos.
Para que Sudán logre la ansiada concordia, la Junta Militar, encabezada por el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, debe acceder a la instauración de un gobierno civil, revitalizar la economía y contribuir a la erradicación de los choques intercomunitarios, entre otras medidas, opinan analistas.
arb/obf
