Desde que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) comenzaron la V Fase del Plan de Control Territorial el sábado último en Soyapango, conocida como la ciudad industrial del país, las acciones se incrementaron contra los pandilleros y colaboradores.
A muchos de estos sujetos ya la Fiscalía General de la República (FGR) le presentó acusaciones por delitos que se le imputan y otros son investigados en un proceso que puede demorar hasta 15 días, según los fiscales.
Las operaciones en el municipio estuvieron acompañadas por la entrega por parte del ministro de Defensa, René Francis Merino, de técnicas modernas como mil 300 cascos balísticos dos mil placas balísticas y 184 cámaras para cascos que acompañaran a los efectivos en la persecución de las maras (pandillas).
Durante el acto de entrega el titular de defensa dijo que el cerco contempla “operaciones de diferentes índoles, hay patrullaje, hay casa segura, hay operaciones de extracción, puntos de control vehicular, todas esas operaciones son las que nos están dando como resultados las capturas de esos delincuentes que se habían quedado escondidos en el municipio”.
Aparejado al despliegue, la víspera, el presidente Nayib Bukele lanzó serias y duras acusaciones contra organismos internacionales, según dijo, presuntamente interesados en que se mantenga el baño de sangre en Latinoamérica.
El mandatario abordó las frecuentes críticas contra su gobierno de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano principal y “autónomo” de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que no para en sus ataques a las políticas contra las maras o pandillas, según dijo.
En un mensaje en redes sociales Bukele calificó de “esquema perverso” los que persiguen estas instituciones, las organizaciones no gubernamentales que financian y medios de prensa que adversan la política gubernamental.
“Estos organismos tienen intereses invertidos en que siga el baño de sangre en Latinoamérica. Atacan a quienes luchan contra el crimen y el terrorismo, mientras promueven formas para que los criminales y terroristas accedan o vuelvan al poder político”, remarcó el gobernante.
Dijo que estos organismos no buscan que el problema de la violencia se erradique en la región, por lo que critican medidas efectivas como las tomadas durante su gestión en El Salvador.
Desde que el gobierno intensificó la ofensiva contra las maras en marzo último tras un fin de semana con 87 muertos, lo cual motivo fuera decretado el estado de excepción para combatir la violencia y los homicidios, se desencadenó una persistente campaña de grupos asentados en Estados Unidos.
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