Las coaliciones afines al Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, abogan por un órgano donde todos sus miembros sean elegidos democráticamente.
En el lado contrario, la oposición es partidaria de una instancia mixta, con 50 por ciento de sus miembros designados por el Congreso y el resto electos, lo cual reduciría los espacios para los independientes, pueblos indígenas y representantes de la sociedad civil.
Para la presidenta de la Federación Regionalista Verde y Social, Flavia Torrealba, la propuesta de la coalición de derecha Chile Vamos es como ponerle “una lápida a la democracia”.
“Los que acepten tales condiciones solo serán agentes de quienes les designan y en el órgano habrá miembros de dos categorías, una democrática y la otra no. Eso será fuente de conflicto y puede generar consecuencias nefastas”, advirtió Torrealba.
La decisión de avanzar hacia una nueva Constitución que reemplace a la existente desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formó parte del acuerdo que puso fin al estallido social de 2019, cuando millones de chilenos salieron a las calles para reclamar cambios en el actual modelo neoliberal.
En reiteradas ocasiones, el presidente Gabriel Boric instó a los partidos políticos a acelerar el proceso para evitar que la conflictividad social se siga acumulando.
“Si no logramos darle una solución al problema constitucional, en la próxima crisis, que de seguro va a ocurrir, será muy difícil convencer a la ciudadanía de que la política se va a poner de acuerdo y vamos a cambiar la Constitución”, dijo.
Los bloques representados en el parlamento volverán a reunirse este viernes y aún es incierta la posibilidad de que puedan cerrar un acuerdo.
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