De acuerdo con las autoridades, el grupo de adultos mayores de 60 años de edad se encuentra en un proceso de crecimiento y se espera que siga en ascenso: en el año 2030, serán el 25 por ciento de la población total del país.
Ese fue uno de los argumentos utilizados por el más reciente Consejo de Gabinete para autorizar a la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, presentar ante la Asamblea Nacional (parlamento) un proyecto de ley sobre protección integral de los adultos mayores y favorecer su participación política, civil, social, cultural, deportiva y económica.
Estadísticas oficiales establecen además que el istmo pasa por su mayor transición demográfica de envejecimiento poblacional, incluyendo el aumento de la expectativa de vida de 60 a 85 años.
Según la Contraloría General de la República, si bien el incremento de la cantidad de adultos mayores no se dará de manera inmediata, hay que tomar medidas para enfrentar ese reto en temas como salud y cobertura en seguridad social.
Las proyecciones indican que la proporción de personas en edad avanzada de 60 años en Panamá comenzó a crecer a partir de 2020 y se espera que continúe su ascenso.
Por ejemplo, se precisa que si bien tanto hombres como mujeres mayores de 60 años aumentarán en términos absolutos y relativos, la población en edades avanzadas cerca del año 2040 sobrepasará el millón de personas y hacia el final del período de estudio(2050), se calcula que serán 1,3 millones de ciudadanos.
Al respecto, el exdirector de Estadística y Censo de la Contraloría, Dimas Quiel, explicó al diario La Prensa que el envejecimiento de la población traerá cambios que impactarán la seguridad social, como la sostenibilidad en el sistema de pensiones, la economía y el sistema de salud.
A su juicio, Panamá debe enfocarse en proyectos de atención a la población mayor, con más instalaciones de salud y personal para atenderlos.
“Se debe tomar en cuenta que habrá una población más enferma y que requerirá pensiones», lo que impactará a entidades como la Caja de Seguro Social, institución pública que enfrenta amenazas de privatización por parte del empresariado, según organizaciones sociales.
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