En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que ese territorio es patrimonio de la humanidad desde 1981 y esta categorización conlleva la vigencia de criterios importantes sobre la protección que se le debe dar, el tipo de administración y la integridad del sitio.
La cancillería reiteró en su mensaje que “no existe una zona llamada el tapón ni ruta del Darién en el área de la frontera de Panamá con Colombia”.
En ese sentido, instó a salvaguardar en toda su área las especies de flora y fauna, en especial aquellas en peligro de extinción, proteger el recurso hídrico, así como coadyuvar en la protección del valor cultural e histórico del área, contenido en las culturas indígenas autóctonas que viven dentro del parque y sus alrededores.
Mantener en el estado más natural posible los procesos ecológicos y evolutivos de las especies de flora y fauna del Parque Nacional Darién, así como su riqueza forestal e hídrica, es una obligación no sólo para Panamá, sino para todos los Estados signatarios de las convenciones e instrumentos internacionales, agregó ese texto.
El informe de la diplomacia remarcó que en todo momento se debe considerar que Darién no es una ruta para la migración regular, segura y ordenada.
La cancillería istmeña también alabó la iniciativa de que en el primer trimestre del 2023 se realice una Conferencia Latinoamericana sobre el tema de migración con el objetivo de establecer unas reglas de juego claras para todas las partes a las que les corresponda concurrir.
Según estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración, en lo que va de 2022 pasaron por Panamá 211 mil 355 viajeros irregulares con destino a Estados Unidos.
La institución precisó que solo en octubre pasado utilizaron como ruta la selva del Darién 59 mil 773 personas, indicador mensual sin precedentes.
En ese mismo lapso, entre los migrantes, 10 mil 918 son menores de edad, situación denunciada por las autoridades locales y organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Según Unicef, este año se ha triplicado el número de menores y adolescentes no acompañados y separados, unos 618 hasta septiembre último, superior a los 205 de todo el 2021.
La peligrosa jungla en la frontera con Colombia es utilizada hace décadas como vía irregular por ciudadanos procedentes de todo el mundo, que viajan hacia el norteño país en un negocio ilegal que involucra a bandas del crimen organizado y en medio de peligros de la naturaleza que ponen el riesgo la vida de los caminantes.
De acuerdo con informes del Ministerio de Seguridad, en Panamá los viajeros son atendidos en las llamadas estaciones de recepción migratoria, situadas en regiones limítrofes con Colombia y Costa Rica.
En esos espacios les toman datos biométricos y ofrecen servicios médicos y alimentación, un operativo que implicó gastos de al menos 50 millones de dólares desde el 2020, según la misma fuente.
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