Fuentes allegadas al Ejecutivo difundieron en las redes sociales una carta enviada al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con fecha el 17 de enero de este año, en la que los directivos de la compañía consideran razonable el aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la mina de cobre, la mayor inversión privada en el istmo.
En la misiva, la firma también solicita se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto.
“Nos sentimos optimistas de que se puede anunciar el logro de un compromiso que sea mutuamente cónsono con lo expuesto en la propuesta recibida del Gobierno el pasado 13 de enero”, agrega ese texto.
Sin embargo, a un ultimátum del Ejecutivo que dio como plazo este 14 de diciembre para la firma del contrato, aún el texto sigue sin contar con la rúbrica de las autoridades de Minera Panamá.
De acuerdo con el comunicado del MICI, la empresa Minera Panamá envió este jueves una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como una modificación al régimen de regalías previamente acordado, conducta que catalogó como lamentable.
Por su parte, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete, para acordar las medidas pertinentes y dirigirse a la nación en el trascurso de la jornada.
El MICI recordó por su parte, que la Constitución Política de Panamá indica que las concesiones para la explotación del suelo y subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público.
Esa mina mantuvo operaciones a pesa de tener un contrato que entre enero y septiembre de 2022 generó dos mil 285 millones de dólares en ventas, un 2,0 por ciento por debajo de las registradas en igual periodo de 2021.
Para el actual titular del MICI, Federico Alfaro Bloyd, el futuro de la empresa es de vital importancia para el país, el pueblo panameño, y sus trabajadores.
Sin embargo, analistas recordaron que luego de la firma del controversial contrato, el camino es más largo, pues deberá ser sometido a una consulta pública y luego será enviado a la Asamblea Nacional(parlamento) que no sería hasta enero próximo, cuando regresará a las sesiones regulares.
En abril este año, el movimiento Panamá Vale Más Sin Minería impugnó violaciones de esa minera, con la tala indiscriminada de 876 hectáreas por encima de la superficie autorizada y que dejó de reforestar más de mil 300 hectáreas comprometidas de bosques.
La mina de Cobre Panamá es la inversión privada más grande del país y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos, según sus estadísticas.
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