Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la normativa constituye un «hito sin precedentes» y tiene como objeto incentivar la cooperación bilateral y facilitar la relación comercial.
Asimismo, para el gobierno ecuatoriano dicha disposición promoverá el desarrollo económico inclusivo y permitirá luchar contra las economías ilícitas y la corrupción, fortalecer la democracia, y fomentar la conservación del medio ambiente.
El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, resaltó en Twitter que la ley es una muestra de confianza en su país.
Sin embargo, existen opiniones divididas sobre la medida, pues para algunos significa la pérdida de la soberanía nacional.
El 16 de junio pasado, la Asamblea Nacional de Ecuador rechazó lo que entonces era solo un proyecto de resolución aprobado en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta norteña a partir de la iniciativa de senadores como Bob Menendez, Jim Risch y Marco Rubio.
En aquel momento el asambleísta Ricardo Ulcuango aseguró que, a pesar de los propósitos de fortalecimiento de la relación bilateral, esa es una ley de injerencia en campos como el comercio, inversiones, aduanas, ambiente, seguridad, ciber seguridad, justicia, fuerzas del orden y derechos humanos.
En los últimos meses las relaciones entre Quito y Washington se han profundizado y muestra de ello son las constantes visitas a esta capital de altos funcionarios de la Casa Blanca.
Esta semana, el presidente Guillermo Lasso recibió a Christopher J. Dodd, asesor especial del mandatario estadounidense, Joe Biden, para las Américas.
Antes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dialogó con el jefe del ejecutivo ecuatoriano y altos miembros de su gabinete para abordar la seguridad, en medio del alza de la violencia en la nación suramericana.
Asimismo, en los últimos dos meses también visitaron Quito una delegación de senadores norteamericanos; la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson; y la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.
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