En conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los miércoles, el Ejecutivo precisó que esta normativa aplica a todas las instituciones autónomas, semi-autónomas, demás entes públicos estatales y no estatales, empresas públicas estatales y no estatales, así como entes reguladores y fiscalizadores que reciban presupuesto de Hacienda.
La directriz contempla emitir una Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en un plazo máximo de un mes a partir de su publicación y realizar la reserva de plazas vacantes, en consonancia con el estudio de la Comisión Especializada de Empleo y Discapacidad.
Asimismo, instruir a la dependencia encargada de los recursos humanos la ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y contratación de personas con discapacidad para ocupar plazas reservadas.
También, informar los resultados de la aplicación de la presente Directriz a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad, a más tardar el 31 de marzo de 2023.
La ley que regula este tipo de contrataciones contempla sanciones para las instituciones que nombren a personas sin condición de discapacidad en puestos reservados para este fin, lo cual se considera como una falta grave al reglamento, precisaron durante su presentación.
Precisa que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social corresponderá la vigilancia y cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras con discapacidad.
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