La defensa del exmandatario, destituido el 7 de diciembre último por intentar el cierre del Congreso opositor, plantea que sea indagado en libertad con restricciones, una especie de libertad condicional.
Los cargos están relacionados con el intento del 7 de diciembre, de disolver el parlamento y reorganizar los órganos del sistema de justicia, entre otras medidas desacatadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, por lo que no se hicieron efectivas y Castillo fue destituido por el Congreso de mayoría opositora y detenido.
El abogado de Castillo, Wilfredo Robles, sostiene que el juez supremo Juan Carlos Checkley cometió una equivocación al no verificar que no se cumplió el procedimiento de levantamiento de la inmunidad del exmandatario, lo cual requería de un proceso que se inicia con una acusación constitucional.
“El juez abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad y cumplió, cual encargo, con una consigna política: ¡Todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso y convirtiendo el procedimiento de la prisión preventiva en una pantomima, en un acto de venganza política”, manifestó el letrado.
Atribuyó además a la Fiscalía la violación constitucional y legal por abrir la investigación preparatoria a Castillo y pedir su prisión preventiva por 18 meses.
Los defensores de Castillo sostienen que el delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, no corresponde pues el primer cargo, del que derivan los otros, se aplica si hay levantamiento en armas.
La Fiscalía alega que, al ordenar a las Fuerzas Armadas y Policía que lo secunden, las llamó a levantarse en armas, lo cual no pasa de ser una interpretación forzada, según la defensa.
“A mi defendido lo incriminan pese a la ausencia del elemento objetivo del ‘levantamiento de armas’, simplemente para cumplir una consigna política de sus adversarios y así someterlo a una prisión arbitraria, todo el tiempo que les sea posible”, afirmó el abogado Robles al fundamentar su apelación.
También mañana, la Sala Penal de la Corte Suprema tratará la apelación de la Fiscalía contra la libertad con restricciones, también por 18 meses, otorgada, por razones de salud y edad, al ex primer ministro Aníbal Torres, de 78 años, señalado por la Fiscalía como presunto coautor de los hechos atribuidos a Castillo.
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