La demanda civil contra AmerisourceBergen, presentada en un tribunal federal en el Distrito Este de Pensilvania, solicita multas financieras de millones de dólares contra la empresa al no informar miles de pedidos sospechosos, en medio de la crisis de opioides que tiene Estados Unidos, según los fiscales federales.
“DOJ se compromete a responsabilizar a quienes impulsaron la crisis de los opiáceos incumpliendo la ley”, dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta en un comunicado.
“Las empresas que distribuyen opiáceos deben informar las órdenes sospechosas a las fuerzas del orden público federales”, señaló Gupta.
La denuncia en particular apunta a varias farmacias, cuyos productos se desviaban al mercado ilegal y no denunciaron a tiempo, alegan los fiscales.
AmerisourceBergen continuó enviando medicamentos a estos dispensarios incluso después de constatar que las sustancias controladas por recetas se vendían en estacionamientos por dinero en efectivo, subrayan.
Por su parte, la compañía rechazó esos ejemplos y argumentó que la culpa debería recaer en la Agencia de Control de Drogas (DEA).
“En cada uno de estos casos, la DEA recibió información directamente sobre el pedido de sustancias controladas como los opioides”, dijo la compañía en un comunicado.
Esta demanda es el último intento del gobierno federal, así como de las jurisdicciones estatales y locales, de presentar reclamos contra la industria farmacéutica en respuesta a la crisis de opiáceos de la nación, puntualiza el diario The Hill.
Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis por el incremento de muertes por sobredosis de fentanilo.
La DEA difundió mediante un informe que en 2022 confiscó más de 379 millones de dosis de fentanilo, cantidad suficiente para matar a todas las personas de la nación, sobre todo al tratarse de un compuesto que puede llegar a ser hasta 50 veces más fuerte en comparación con la heroína.
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