La normativa exige más promoción de la equidad de género y prohíbe las exclusiones principalmente en el terreno laboral, o sea, en los procesos de reclutamiento, admisión, ascenso y despido.
Igualmente, contempla la implementación de un sistema de seguridad por maternidad con servicios para el cuidado de los hijos menores y la mejoría del vinculado a las licencias durante y después de los embarazos.
La Asamblea Popular Nacional (Parlamento) de China analizó y aprobó la ley a raíz de varios incidentes violentos contra mujeres reportados durante 2022 y también para dar respuesta a los problemas alegados por las féminas cuando declinan tener hijos.
El Gobierno también puso la mira en el secuestro y tráfico de mujeres y niños luego del caso de abuso contra una paciente de esquizofrenia, mostrada en un video encadenada en el cuello y con poca ropa.
Actualmente, las autoridades andan tras la pista de los fugitivos más buscados por esas prácticas, mientras los expertos urgieron mano dura, llamaron a rescatar a las secuestradas y elevar las sentencias a los compradores, pues con frecuencia las violan, obligan al trabajo forzado y maltratan a las víctimas.
Además, instaron a poner bajo la lupa a las aldeas rurales por ser los sitios más propensos a registrar el fenómeno, así como la promoción de mayores oportunidades de desarrollo en las economías locales para las mujeres.
Aparte, en el verano anterior China emitió varias políticas que reducen los costos de servicios pre y posnatales, contemplan normas preferenciales en el terreno inmobiliario y fiscal, así como ordenanzas que promueven un mayor respeto en los centros de trabajo a las embarazadas.
Todo ello se enmarcó en los esfuerzos por incentivar a los matrimonios a tener más hijos y revertir el dilema demográfico en su territorio, pues se estima que para 2035 será un país superenvejecido y las personas mayores de 60 de edad representarán más de 30 por ciento de la población.
Aunque China todavía es la nación más poblada del mundo, en 2021 solo nacieron 10,62 millones de bebés, hubo 10,14 millones de defunciones y cinco millones de mujeres menos en edad fértil.
Esas cifras encendieron las alarmas porque evidencian el acercamiento del país al declive demográfico y, en un esfuerzo por revertir la situación, el Gobierno relajó más su política de planificación familiar y ahora permite a las parejas tener hasta un tercer hijo.
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