En el inicio del cuarto período de sesiones( enero-abril), la víspera, el propio titular de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, aseveró que solicitó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, retirar el proyecto de ley 625, sobre la extinción de dominio de bienes ilícitos en el país, por múltiples falencias.
Según Adames, las supuestas falencias fueron “determinadas por técnicos panameños”.
El presidente de la Asamblea aseguró durante su discurso de instalación, que no están en contra de la norma que busca combatir el narcotráfico, sin embargo indicó que la historia ha demostrado que se deben procurar leyes que respondan a las realidades nacionales.
“No somos partidarios de aceptar la aspirina que usan otros pueblos para remediar sus enfermedades. Nosotros somos partidarios de fabricar nuestra propia aspirina con sabor a lo nuestro, típicamente nacional”, remarcó.
A su juicio, el proyecto debe ser mejorado. Recordó que el año pasado, cuando estuvo en la Comisión de Gobierno, viajaron a Colombia para conocer el proceso de la implementación de la ley de extinción de dominio. “Demoró 18 años para que fuera una ley”, sostuvo.
Indicó que en los países donde se aplica esta norma existen tribunales constitucionales que van en defensa de las personas “que se le viola el debido proceso” y “aquí no hay eso”.
Más temprano, el ministro Pino afirmó que de retirar la iniciativa, significa un tiempo más para su elaboración y estarían contra reloj debido a que esta administración termina en junio de 2024.
«Esta ley no la quiere el ministerio, la necesita el país. En el día de mañana, si no se aprueba, todos nos vamos a acordar”, aseguró.
La norma es cuestionada más aún en el istmo, luego que la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, emitiera unas controversiales declaraciones en las que demandó a los diputados a aprobar esa ley.
Al respecto, el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno del parlamento, señaló que retomarán el primer debate del proyecto, aunque advirtió que el 99 por ciento de los juristas de Panamá no están de acuerdo con esta ley tal cual como está redactada. Presentada en abril de 2021 ante la Asamblea Nacional, la iniciativa pasó por tercera ocasión del debate en plenaria al análisis en una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
La redacción entre lo presentado en 2021 y lo que se discute actualmente no ha cambiado, precisó a la prensa el secretario del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, y subrayó que el catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal.
Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo, pero el tema se ha tornado espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal.
Otro punto que aviva la discusión es la creación de la dirección de administración de bienes aprehendidos y de extinción de dominio de carácter autónomo, pero adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la cual se pretende administrar los bienes.
También se critica la autenticidad del documento en la realidad panameña, a lo que Rigss negó que se trate de una copia de las leyes de otros países agregó que se puede mejorar, adoptar aportes y recomendaciones para modificar el documento, para fortalecerlo.
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