Según precisó la Secretaría de Comunicación y Prensa, también demandaron el inicio del mismo proceso contra los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, pidieron al bloque de diputados del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso en el Congreso.
El mandatario y los gobernadores de provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras, remitieron su petición a la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Ana Carolina Gaillard.
En dicho documento aseguran la existencia de “una inadmisible degradación del sistema institucional, que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Según explica el texto, ello ocurrió principalmente por acciones de la CSJ como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
La Corte también favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023. Es una situación anómala en la que un poder del Estado decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias de los restantes, expone.
Además, indica que lo anterior pone en riesgo el equilibrio del Estado de Derecho, afecta seriamente la gobernabilidad y la estabilidad.
Los magistrados dictaron una sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la ciudad, apunta.
Asimismo, denuncia la convivencia y la negociación entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad capitalino, Marcelo D’Alessandro.
A través de Robles, el titular de la CSJ desarrolló operaciones políticas específicas, ejecutadas a través de fallos arbitrarios, añade.
Por otra parte, asegura que Rosatti diseñó una maniobra ilegal, mediante la cual asumió de forma irregular la presidencia
de la Corte; tomó por asalto el Consejo de la Magistratura y manipuló la integración del mismo.
De acuerdo con el texto, todo fue orquestado junto a la alianza opositora Juntos por el Cambio, en especial, por D’Alessandro y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez.
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