La jornada fue precedida con llamados de ambas partes a que las movilizaciones sean pacíficas y a evitar pérdidas de vidas como las 26 registradas en la primera oleada, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte, el 7 de diciembre pasado.
Parte de las preocupaciones por la posibilidad de más muertes se originan en el anuncio oficial de que las Fuerzas Armadas y la Policía enviaron tropas a los territorios de mayor conflictividad.
Las informaciones de días anteriores indican que las protestas tendrán más intensidad en el sur del país, como ocurrió el mes pasado, aunque se prevé también paros y manifestaciones en otras partes del país.
En Lima, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a sus bases capitalinas a una marcha para esta tarde, en solidaridad con las regiones del sur, que apuntan a una huelga general.
La CGTP integra la Asamblea Nacional de los Pueblos, que apoya las demostraciones, y su secretario general, Gerónimo López, dio su respaldo a las demandas de prontas elecciones, renuncia de Boluarte, cambio de la mesa directiva del Congreso, de la que emerja un presidente transitorio imparcial, y un referendo que defina si el pueblo quiere o no una asamblea constituyente.
Advirtió que la presidenta “debe comprender la magnitud de sus decisiones y el asesinato de nuestros hermanos por la represión de su gobierno es una responsabilidad que deberá asumir junto a sus ministros y funcionarios involucrados” y debe detener el derramamiento de sangre. Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Políticas de Izquierda y Progresistas (COIP), confirmó su participación en las protestas y llamó a rechazar cualquier provocación y a “cuidar la vida de nuestros ciudadanos y evitar la destrucción de la propiedad pública y privada”.
De otro lado, la presidenta Boluarte, en un discurso en la ceremonia de instalación del nuevo presidente del Poder Judicial, reconoció ayer una deuda de justicia rápida “con las familias de los compatriotas fallecidos durante las protestas”, aunque reiteradamente ha negado ser responsable de las muertes.
La mandataria ratificó su propuesta de diálogo con todos los sectores para atender las demandas de la población con proyectos sociales y económicas, pero no acepta tratar los reclamos de fondo, de carácter político.
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