La víspera el jefe de la bancada del Partido Nuevas Ideas, el diputado Christian Guevara, aseguró que su tolda votará “cada mes del 2023 por el régimen de excepción”, lo que es un adelanto de que el gobierno solicitará en los próximos días la décima ampliación de la medida que vence el 16 de enero.
El estado de excepción limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado, indican expertos
La acción legislativa no es nada nuevo ni debe tener problemas en salir adelante en un foro donde son seguros los votos favorables de al menos 65 diputados afines al gobierno de los 84 que componen la Asamblea Legislativa (Parlamento unicameral) en El Salvador.
Esta semana el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, adelantó que solicitarían una nueva ampliación aunque, dijo, a “algunos le genere incomodidad” y pese a que ya desarticularon las principales estructuras de los grupos delincuenciales.
Los resultados de la aplicación de la medida se pueden “tocar con la mano” y las estadísticas muestran resultados satisfactorios como haber logrado bajar la tasa de homicidios hasta 7,8 asesinados por cada 100 mil habitantes si se toma en cuenta que en apenas un fin de semana de marzo se produjeron 82 muertos a causa de la violencia de las pandillas.
El mayor problema es que muchos salvadoreños, aunque apoyan la medida, según las encuestas, ya comienzan a resentirse del despliegue militar en sus áreas de residencia, mientras otros más preparados se preguntan cómo afectará a la economía del país el despliegue de miles de soldados y policías que participan en los cercos a comunidades y municipios.
Los resultados oficiales indican que durante el régimen de excepción se logró apresar a más de 61 mil 400 presuntos pandilleros o colaboradores, de los cuales fueron liberados unos tres mil 300 por resultar inocentes.
El Parlamento aprobó el 14 de diciembre de 2022 la novena prórroga que estará vigente hasta el 16 de enero cuando debe comenzar la otra extensión.
No obstante los resultados, la política represiva contra las maras o pandillas es objeto de acentuadas críticas y cuestionamientos por organismos internacionales y organizaciones porque en su ejecución se cometen presuntas violaciones y abuso a los derechos humanos.
Los detenidos por estar supuestamente relacionados con las pandillas perdieron el derecho a ser informados del motivo de su detención, a ser asistidos por un abogado y el plazo de detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días.
También se suspendió el derecho de asociación y se permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes se consideran sospechosos.
Tal vez por esas afectaciones algunos se preguntan hasta cuándo se mantendrá la medida, y como dijo una investigadora salvadoreña, la defensa de los derechos humanos es para todas las personas, nadie debe ser excluido, y vivir tanto tiempo bajo el estado de excepción ya es preocupante.
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