Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe en Bolivia
Al opinar sobre el tema, el ministro de Justicia del Estado Plurinacional, Iván Lima, declaró a la prensa que “los Artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico de Santa Cruz señalan con claridad que ante la ausencia temporal del gobernador asume el vicegobernador”.
Lima explicó que, necesariamente, el vicegobernador tiene que ejercer las funciones de máxima autoridad ejecutiva departamental ante esa ausencia.
Interrogado acerca de la posibilidad de que una negativa por parte de la Asamblea y el vicegobernador obstruyan esa sucesión, el ministro explicó que en ese caso correspondería una acción penal por el delito de incumplimiento de deberes.
Recordó que el Estatuto Autonómico fue ratificado por el voto de los cruceños y tiene que ser cumplido por las autoridades.
EL ESTATUTO
Sin embargo, en relación con el encierro de Camacho en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, el presidente de la Asamblea Legislativa cruceña, Zvonko Matkovic, afirmó que el imputado por terrorismo en el caso Golpe de Estado I sigue en sus funciones.
No obstante, aclaró que se definirá “la situación del gobernador” en una reunión entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo.
Según el Estatuto Autonómico departamental en su artículo 25, “ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de Gobernadora o de Gobernador”.
Por su parte, el articulado número 26 precisa que “el mandato de la Gobernadora o Gobernador cesará únicamente en caso de muerte, renuncia formal presentada ante la Asamblea Legislativa Departamental, ausencia o impedimento definitivo, sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal en su contra y revocatoria del mandato”.
Camacho encara por el momento una detención preventiva de cuatro meses como parte de las investigaciones del caso Golpe de Estado I, en el cual se le acusa de terrorismo como principal impulsor de las revueltas violentas que forzaron la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, y allanaron el acceso a la jefatura de Estado en un gobierno de facto de la exsenadora Jeanine Áñez.
Dentro de ese complot, a través de su padre, José Luis, Camacho “amarró” con los mandos militares y policiales la protección y el apoyo final a quienes violaban el orden constitucional, según sus propias confesiones en un video transmitido por la televisión nacional.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló recientemente en conferencia de prensa que para financiar a quienes ejecutaron el golpe de Estado de noviembre de 2019, Camacho realizó movimientos bancarios de más de cuatro millones de dólares.
En este contexto, pese a su amistad cercana y la coincidencia en impulsar planes federalistas que generan sospechas de separatismo, Matkovic abrió la posibilidad de encomendar la máxima responsabilidad ejecutiva departamental al vicegobernador, Mario Joaquín Aguilera.
“Nuestro Estatuto, a diferencia de otros departamentos, contempla un gobernador, contempla un vicegobernador, y al final de cuentas aquí la Gobernación va a seguir trabajando, va a seguir cumpliendo con sus obligaciones”, declaró a medios periodísticos.
Empero, ese criterio no lo comparte el asesor de Gestión de Gobierno Departamental, Efraín Suárez, quien se aferra a que Camacho se mantenga como gobernador, pese a su encierro.
“El gobernador va a continuar siendo don Luis Fernando Camacho Vaca”, enfatizó en declaraciones a la Radio Erbol, en actitud que evidenció el rechazo de los seguidores de Camacho en contra de Aguilera.
Arquitecto de formación, este último fue elegido vicegobernador en binomio con Camacho en las elecciones subnacionales de 2021, y ya en marzo de 2022 fue centro de una polémica cuando el gobernador viajó a Brasil.
Camacho entonces aprobó el decreto departamental 343, que marginó a Aguilera de la sustitución temporal reglamentaria, facultad que delegó en el secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en clara violación del Estatuto legal.
Ese decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, pero ante el escándalo originado el documento fue retirado de las redes digitales. Cuando Aguilera demandó un informe oficial del entuerto, el secretario departamental de Justicia, Efraín Suárez, declaró que la publicación temporal del decreto 343 “fue un error involuntario” de un funcionario de la Dirección de Desarrollo Autonómico y Normativo, unidad encargada de la administración de la Gaceta.
Ese suceso, sin embargo, evidenció un distanciamiento entre Camacho y Aguilera, aunque algunos militantes de Creemos, partido del gobernador, insistieron en restar importancia a la confrontación, a la que calificaron de incidente.
Sobre este asunto, la legisladora del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Estefanía Morales exigió a Camacho el 22 de marzo que explique por qué el decreto departamental 373 supuestamente fue aprobado por el secretario de Gestión Institucional en lugar del vicegobernador, como establece la normativa.
Por su parte, ante la situación creada con el encierro de Camacho, el abogado constitucionalista y catedrático universitario Franklin Gutiérrez consideró que corresponde aplicar el Artículo 25 del Estatuto Autonómico.
En igual sentido se pronunció el también experto en asuntos constitucionales José Navas, quien reiteró que en un Estado de Derecho las leyes son de obligatorio cumplimiento. “La normativa se cumple, y el señor Aguilera debió asumir ya su responsabilidad”, enfatizó.
Reiteró que deben cumplirse los artículos 25 y 26 del Estatuto Autonómico, y si sectores cruceños quieren imponer que Camacho gobierne desde la cárcel es una violación de la ley.
“Santa Cruz es hoy un departamento que está sin cabeza”, concluyó el abogado constitucionalista.
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