Este lunes cesaron sus funciones los parlamentarios, tres años después del fin del mandato de todos los diputados y de dos tercios de los senadores, y tras 18 meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021.
En 2019 los alcaldes completaron su periodo de gestión, y Moïse los instituyó como agentes interinos ejecutivos hasta la realización de elecciones, mientras que el poder judicial aún se encuentra disfuncional pese a que recientemente se eligió al presidente del Tribunal de Casación.
La ausencia del Parlamento deja al primer ministro, Ariel Henry, al frente de un Ejecutivo sin contrapoderes y mientras crecen las críticas a su gestión en medio de la ola de violencia a manos de las pandillas, crisis política y económica, además del aumento de la pobreza y el hambre.
Ante esta situación, organizaciones como la Plataforma Ciudadanos Comprometidos reclaman a Henry la publicación del acuerdo político en el diario oficial Le Monitor y la instalación del Alto Consejo de Transición y el órgano de control estatal.
A finales de diciembre el jefe de Gobierno alcanzó un consenso con plataformas políticas, de la sociedad civil y el sector privado que permitiría la celebración de elecciones y una reforma constitucional este año.
La constitucionalista Mirlande Manigat, el pastor Calixte Fleuridor de la Federación Protestante de Haití y el empresario Laurent Saint-Cyr son las tres personalidades que deben integrar el consejo de transición, un órgano que trabajará de forma paralela con el Ejecutivo.
No obstante, aún los principales partidos políticos no se sumaron al consenso del Gobierno, mientras abogan por una nueva administración de transición.
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