Hasta los primeros días de 2023 organizaciones defensoras de los derechos humanos registraron tres mil 469 denuncias por capturas arbitrarias, entre ellas Cristosal con tres mil 121, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), 173 y Tutela Legal, 75.
Estos grupos registran los que son presuntas violaciones de los derechos humanos, presuntas ante la imposibilidad de probar al gobierno que son hechos reales.
En una aproximación al tema hay que tener en cuenta que el decreto del régimen de excepción establece que la detención administrativa puede durar hasta 15 días, y no 72 horas que constituye el plazo máximo que una persona puede estar retenida sin enfrentar una acusación previo a una audiencia inicial en un proceso regular.
Según el abogado y vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, se extendió de tres a 15 días el proceso de instrucción para permitir a los fiscales investigar a los detenidos para argumentar los casos y evitar enviar a la calle a un posible pandillero.
La violación de estas prerrogativas que se da el régimen de excepción ocasiona pérdidas y graves afectaciones a las familias de los capturados, quienes se mantienen viajando, llevando alimentos y otras vituallas a reos que presuntamente son inocentes y que sobrepasan los límites establecidos para ser presentados ante la justicia.
Según un informe de La Prensa Gráfica a esos tiempos de arresto se suman los problemas económicos que sufren los familiares, cuando pierden su trabajo por buscar a la persona capturada, aparte de los gastos de los paquetes que se entregan en las cárceles, y que según algunas fuentes muchas veces no llegan a su destino.
Las organizaciones que se ocupan de estos casos, ya sea Cristosal, SSPAS o Tutela Legal parecen decididas a seguir con su apoyo y asesoría a las familias que están en esta situación de arresto a familiares.
«En este 2023 continuamos viendo las demandas de las familias que quieren tener acceso a la justicia y la verdad, que sepan por qué se dio la detención, saber la situación de salud y legal de su familiar, sobre todo por qué hay una ampliación del proceso y ocultamiento de información por parte de las instituciones», dijo un miembro del Servicio Social Pasionista.
Los hechos denunciados son abundantes y muchos presentan casos de personas jóvenes a los que se detiene, según familiares, sin poder presentarle una acusación creíble.
Es el caso de Noel Portillo, quien según un informe de La Prensa Gráfica, no tiene antecedentes penales ni tatuajes. Su familia no sabe por qué lo capturaron si los policías confirmaron que estaba «limpio».
Sin embargo, con la promesa de retornarlo más tarde a su casa fue llevado a una instalación policial y desde allí fue enviado a otro penal.
La familia de Noel vive en incertidumbre porque no saben a qué penal fue trasladado, el mismo sentimiento que embarga a muchos de los parientes de los cerca de tres mil 500 salvadoreños detenidos y que según sus allegados, son inocentes.
Según Joceline, la hermana de Noel, «andan agarrando gente por agarrar. Siento que es injusto y que agarren a los que verdaderamente han hecho daño, pero ha ido a pagar gente inocente solo porque a ellos (agentes policiales) les place. Pero acuérdese cómo es la ley contra uno y no puede hacer nada», aseveró.
Dice la familia que Noel tuvo ya una audiencia el 18 de diciembre y pasará seis meses más en prisión, pero no les dijeron en cuál ni la causa de su condena.
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