La histórica firma de la disposición ocurrió durante la ceremonia de transmisión de cargo de las ministras de la Igualdad Racial, Anielle Franco, y de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
El texto inscribe la injuria, actualmente contenida en el Código Penal, en la Ley del Racismo y crea el crimen de injuria racial colectiva.
Tal delito de injuria racial se caracteriza cuando el honor de una persona específica es ofendido por causa de raza, color, etnia, religión u origen.
Por su parte, el de racismo ocurre cuando el agresor alcanza un grupo o colectivo de personas, discriminando una raza de forma general.
Antes de la ley, la pena por injuria racial era de reclusión de uno a tres años y multa.
Con la sanción de la nueva ley, el castigo pasa a ser prisión de dos a cinco años, y será doblado si el crimen es cometido por dos o más personas.
Aún, según la propuesta, el crimen de racismo perpetrado dentro de los estadios tendrá también pena de dos a cinco años.
Tras asumir este miércoles el cargo de ministra de la Igualdad Racial, Anille Franco, hermana de la consejala Marielle Franco, asesinada hace cuatro años en una céntrica zona de Río de Janeiro, alertó que «el fascismo, al igual que el racismo, es un mal a combatir en nuestra sociedad».
Llamó a no ignorar o subestimar el hecho de que la raza y la etnia son determinantes para la desigualdad de oportunidades en Brasil en todos los ámbitos de la vida.
Alertó en que «personas negras están subrepresentadas en los espacios de poder y, en cambio, somos las que más estamos en los espacios de estigmatización y vulnerabilidad».
Estadísticas oficiales revelan que los negros en el país (54 por ciento de una población cercana a 215 millones de habitantes) son minorías en las profesiones, educación superior, remuneraciones salariales, entre otros aspectos de la vida.
Sin embargo, son mayoría en las cárceles, en el desempleo, la pobreza y en el porcentaje de víctimas de homicidio.
jha/ocs
