En la ciudad de Cusco reina la tensión, al día siguiente de que cayera baleada la víctima 47, cifra acumulada a nivel nacional desde el inicio de las protestas, tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre.
La Policía mantiene rodeado el aeropuerto de Cusco, para impedir que las marchas se acerquen a menos de 300 metros de la terminal, cuyas inmediaciones fueron escenario de disturbios que se extendieron a otras zonas de la ciudad.
En los incidentes fue abatido por arma de fuego Remo Candia y hubo 56 heridos, siete de ellos policías, y 11 detenidos, incluida una ciudadana colombiana.
Las ciudades de Moquegua, en el sur del país; y Puerto Maldonado, en la amazonía sur, tomaron la posta a la serie de paros de labores, mientras los bloqueos de carreteras se extendieron a 26 provincias, y en la sureña región de Tacna un grupo de agricultores bloqueó la carretera Panamericana cerca del paso fronterizo a Chile.
En la región de Arequipa se reanudó el corte de la carretera Panamericana, lo cual cierra la ruta costera que lleva a Lima y el resto de la costa peruana y en la capital regional del mismo nombre pequeños comerciantes de mercados de abastos marcharon con banderas negras de duelo.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Gobernadores y activistas de derechos humanos como Mar Pérez, coincidieron en que la crisis solo se superará con la renuncia de la presidenta Boluarte, opción descartada por el Gobierno, según el cual, de dimitir la mandataria sobrevendrá el caos.
El principal bastión de la protesta sigue siendo la región surandina de Puno, donde la población de la ciudad de Juliaca salió ayer a las calles para integrarse al cortejo fúnebre de los 17 civiles asesinados el 9 de enero, todos baleados, a lo que se sumó al día siguiente un policía al que un grupo prendió fuego.
Tanto en Juliaca como en Puno y en otros puntos del país grupos de campesinos se aprestan a viajar a Lima para protestar en la sede de gobierno.
El primer ministro, Alberto Otárola, con el aval de la mayoría parlamentaria de derecha y centro, dijo hace dos días, al recibir el respaldo que el Ejecutivo al gabinete ministerial y a su defensa de la actuación policial y militar no permitirá lo que llamó por adelantado una asonada contra la capital.
Mientras tanto, la presidenta Boluarte, que antes de las muertes del 9 de enero hacía presentaciones y declaraciones a diario, se mantiene desde entonces sin aparecer ni pronunciarse en público.
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