El juez Jorge Luis Ramírez, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite el hábeas que plantea anular la prisión preventiva de 18 meses, mientras se le investiga por los cargos de rebelión y alternativamente conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Según el Ministerio Público, Castillo incurrió presuntamente en esos delitos al anunciar el 7 de diciembre la disolución del Parlamento opositor y la reorganización de los órganos de justicia, sin consumarlo por desacato de las Fuerzas Armadas, la Policía, el sistema judicial y el Congreso.
Plantea anular el decreto parlamentario que obvió el procedimiento legal de acusación constitucional antes de levantarle la inmunidad presidencial y ponerlo a disposición de la justicia, para lo cual invocó que Castillo había incurrido en delito flagrante al anunciar el cierre del Congreso.
El hábeas corpus argumenta que los congresistas no pueden legalmente dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por flagrancia delictiva y menciona como otra ilegalidad que su propia escolta lo detuvo en momentos en que no había sido destituido.
Pide también al Poder Judicial que denuncie penalmente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el director de Seguridad de la Policía, general Iván Lizzetti, y a los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por la alegada detención arbitraria de Castillo.
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada ayer verificó que el 66 por ciento de interrogados desaprueba el intento de disolver el Congreso, pero 30 por ciento aprueba esa acción y 60 por ciento plantea que el expresidente salga en libertad condicional (41) o libertad plena (18) o que no sea juzgado (uno por ciento).
La libertad del exgobernante es uno de los reclamos de sectores del movimiento de protesta que conmociona a Perú desde la caída de Castillo.
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