Mientras las autoridades prosiguen con la aplicación del plan que junto al estado de excepción logró bajar a 7,8 por cada 100 mil personas el índice de homicidios, hay sectores que alegan ocaso de las fuerzas del orden contra la población, en especial la de menores ingresos.
En el municipio de Soyapango, donde hace 44 días que está vigente un cerco militar que según las autoridades es la fase Cinco del PCT (Extracción), investigaciones de grupos de derechos humanos como Cristosal revelan una gran incidencia de las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército contra pobladores dueños de pequeños negocios.
Rina Montti, directora de Investigación de Cristosal, dijo que las acciones se están “centrando en personas que tienen pequeños negocios”, las cuales son acosadas.
Dijo la activista que al inicio del régimen de excepción era común ver casos de personas dueñas de pupuserías o pequeños comercios que eran capturadas y acusadas de pertenecer a estructuras de pandillas.
Una encuesta realizada por Cristosal a habitantes de Soyapango sobre el cerco militar instalado desde hace más de un mes mostró que existe un creciente malestar entre los habitantes del municipio que fueron retenidos mientras caminaban por la vía pública o en transporte público o privado.
Algunos dijeron que la PNC o miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) los detuvieron y los registraron de forma violenta.
La pesquisa de la ONG mostró que el 64,7 por ciento opinaron que el gobierno debe emplear otras medidas para solucionar el problema de la inseguridad y violencia, que no sea precisamente restringir la libertad de movimiento de la población.
Según expertos consultados por medios de prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos los cercos militares son ilegales y afectan a ciudadanos de condición más vulnerable, no obstante muchas encuestas revelan un amplio apoyo al gobierno y a estas medidas para eliminar la violencia de las pandillas.
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