Un comunicado suscrito por 250 organizaciones advierte que el proceso contra los cinco ambientalistas plantea dudas sobre si la verdadera motivación del Fiscal General es intentar silenciar a estos defensores del agua, “tomando en cuenta la cruzada de la administración actual para criminalizar, perseguir y desmovilizar a sus opositores políticos”.
Los arrestados, que tuvieron la víspera su primera audiencia, destacaron en los últimos tiempos por su exitosa campaña que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica en 2017.
Precisa el comunicado que los detenidos son acusados de un presunto asesinato que ocurrió hace más de 30 años, durante la guerra civil en El Salvador, que cobró la vida de 75 mil personas.
Sostienen los firmantes que las autoridades avanzan este proceso mientras no se miran los reclamos de las víctimas de los crímenes de esa guerra, en la que una dictadura respaldada por Estados Unidos y escuadrones de la muerte derechistas mataron a miles de personas.
Las víctimas de las matanzas, entre ellas la del Mozote y el asesinato de cuatro periodistas de Países Bajos, llevan décadas sin que se haga justicia, señalan las organizaciones.
Puntualiza el documento que el actual gobierno en lugar de investigar o enjuiciar a los responsables de las decenas de casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que militares salvadoreños cometieron contra la comunidad de Santa Marta, se preocupa por detener a sus defensores.
Recuerda que una de las masacres ocurridas en Santa Marta a manos de militares fue la del río Lempa de 1980, donde fueron asesinadas 30 personas y 189 desaparecidos.
En su demanda el grupo de organizaciones pide el retiro de las acusaciones contra los detenidos o que les permitan seguir el juicio en libertad, algo que fue negado el jueves en la primera audiencia.
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