Los presos, que denuncian maltratos, dijeron que fueron esposados y obligados a tenderse boca abajo, registrados y luego conducidos, cada uno con un policía al lado, en varios viajes de autobuses policiales, hasta la comandancia de la Policía de Lima y otros recintos.
Cientos de familiares y compañeros de los detenidos se agolparon en las inmediaciones de la sede policial a reclamar su libertad o pedir informes sobre su situación, y fueron impedidos de acercarse a las puertas por una fuerte barrera formada por uniformados.
La legalidad de la operación es materia de polémica y el Ministerio del Interior afirma que la universidad lo pidió al denunciar una incursión y robo de equipos de su servicio de seguridad y la Policía actuó contra un delito flagrante, aunque el centro educativo solo pidió que se libere las puertas de intrusos.
Sin embargo, los estudiantes y organismos de derechos humanos denuncian que la operación fue ilegal, por desproporcionada y porque no se realizó en presencia de fiscales ni se permitió que abogados defensores acceder a los detenidos.
El conocido abogado constitucionalista Omar Cairo dijo que sin duda la operación policial es un agravio a los derechos ciudadanos y a la legalidad y afectará la imagen de Perú en el mundo. La Defensoría del Pueblo denunció que la Policía obstaculizó la labor de sus representantes y solo permitió su entrada al campus allanado tras reiteradas exigencias.
El Ministerio del Interior afirma que los ocupantes de la Universidad de San Marcos han sido detenidos en flagrancia, es decir cometiendo un delito, por lo que serían sometidos a procesos de investigación y juicios, lo que cuestionan los abogados.
Desde el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido y encarcelado por anunciar la disolución del Parlamento opositor y la reorganización de los órganos de justicia, la Policía ha detenido a 378 manifestantes acusados de causar disturbios, informó el ministro del Interior, Vicente Romero.
Durante las protestas, que se desarrollan principalmente en el sur del país, murieron hasta ayer 44 civiles, más de la mitad (24) en la región surandina de Puno, donde las manifestaciones no dan tregua este fin de semana.
Las demostraciones exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el reemplazo del sucesor potencial, José Williams, por carencia de neutralidad, y la convocatoria a prontas elecciones generales y dentro de estas un referendo sobre la convocatoria de una asamblea constituyente.
nmr/mrs
