El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados anunció en un comunicado que recibió un oficio del secretario de la CIJ, Philippe Gautier, sobre el tema.
Gautier explicó que la institución recibió de forma oficial la Resolución 247/77 de la Asamblea General de Naciones Unidas emitida el 30 de diciembre último, que solicita una opinión consultiva de la Corte sobre la naturaleza de la ocupación israelí.
Aprobada por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la iniciativa pide también a ese órgano de justicia pronunciarse sobre el conflicto y que investigue las leyes discriminatorias y las medidas de Tel Aviv para cambiar la composición demográfica de Jerusalén oriental.
En respuesta, el gobierno ultraderechista israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu, anunció varias medidas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP) por solicitar e impulsar una votación en la Asamblea General de la ONU.
Israel paralizó todas las construcciones palestinas en el área C, una zona que representa el 60 por ciento de Cisjordania y bajo control directo israelí desde 1967.
Además, anunció la incautación de 139 millones de séqueles (unos 39 millones de dólares) de los fondos fiscales recaudados en nombre del gobierno palestino y la adopción de medidas contra las organizaciones que promuevan “cualquier actividad hostil” hacia el Estado judío, incluida acciones políticas y legales.
Ante la situación, la ANP rechazó tales acciones y ratificó que continuará la lucha política, diplomática y legal para poner fin a la ocupación.
Los derechos de los palestinos no son negociables, advirtió en un comunicado el portavoz de la ANP, Nabil Abu Rudeina.
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