El portal del Gobierno indica que, desde el 20 de enero, una fuerza de tarea federal actúa en la región, tras decreto de la Presidencia, instituyendo el Comité de Coordinación Nacional para Enfrentamiento a la Desasistencia Sanitaria en el territorio Yanomami.
Asimismo, una ordenanza del Ministerio de Sanidad declaró emergencia en Salud Pública ante la necesidad de acción inmediata frente a la crisis humanitaria enfrentada en el norteño estado de Roraima.
De acuerdo con Weibe Tapeba, la orden «es importante porque permitirá al Gobierno federal adoptar estrategias más de emergencia, como la compra de insumos, la adquisición de medicamentos y materiales».
Además, apuntó, de pensar en «una estrategia de infraestructura para nuestras unidades de salud, pensar en estrategias de perfeccionar la atención de la salud indígena».
Según el secretario, el territorio Yanomami vive un «escenario de guerra» y explicó que equipos de las carteras de Salud y de los Pueblos Indígenas están produciendo informes sobre la actuación local.
Al menos en el municipio Boa Vista (Roraima) comenzó la estructuración del Hospital de Campaña de la Aeronáutica, con foco en auxiliar a los más de 700 pacientes que están en la Casa de Apoyo a la Salud Indígena (Casai) Yanomami.
El funcionario también defendió la construcción de otra unidad dentro de la región originaria, para reforzar la estructura de salud.
Uno de los principales causantes de la situación de emergencia de salud, de acuerdo con Weibe Tapeba, es la actuación de la minería ilegal dentro del mayor territorio indígena del país (unos 30 mil miembros).
«Esto ha matado a los ríos, ha matado a los peces y las comunidades acaban siendo rehenes de ese escenario de guerra, de horror, de miedo y de muerte», denunció.
Refirió que solo fue posible llegar a la región con apoyo de la Fuerza Aérea Brasileña y reforzó el compromiso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la promoción de un trabajo conjunto para garantizar la seguridad del pueblo Yanomami.
Lula visitó el sábado la Casai Yanomami y determinó que ministros de diversas áreas adopten una serie de medidas de enfrentamiento a la grave crisis de los pueblos que viven en el territorio aborigen.
Entre las disposiciones aparecen el envío de cinco mil canastas básicas y complementos alimenticios para niños de varias edades, afectados por la desnutrición y otros males curables.
Ante la catástrofe humanitaria, el ministro Flávio Dino (Justicia y Seguridad Pública) determinó abrir una investigación policial para investigar el crimen de genocidio nativo y ambientales en la zona.
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