“De acuerdo con las informaciones que hemos recibido por las instancias correspondientes, no es que ha ingresado ningún armamento, ninguna munición al territorio peruano, eso categóricamente hemos mencionado y además una nota oficial hemos enviado a la República del Perú para que se descarte esas posibilidades”, aseguró el vicecanciller.
En su opinión, la presidenta peruana, Dina Boluarte, recibió esa información “al calor del momento, del conflicto”; sin embargo, advirtió que “ese tipo de declaraciones dañan la relación que tenemos con el Perú”.
La mandataria encumbrada en la primera magistratura del vecino país después de la destitución del ahora encarcelado Pedro Castillo, declaró hace una semana que los campesinos bolivianos Ponchos Rojos ingresaron armas y municiones a través de la frontera común.
“Sabemos de manera extraoficial, que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado estos proyectiles letales, llamados ‘dum dum’, traídos por los Ponchos Rojos, por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida, para que podamos todos saber la verdad”, expresó Boluarte.
La acusación de la gobernante, cuya renuncia es exigida en manifestaciones que ya dejaron un saldo de más de 50 muertes, fue antecedida de una nota diplomática contra una declaración del presidente, Luis Arce, quien lamentó la alta cifra de fallecidos.
En respuesta, Bolivia ratificó que “respeta el derecho internacional y el principio de no intervención”, y remarcó que no acepta “la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica relación entre pueblos hermanos”.
Durante la recién concluida VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, exigió el cese de la represión a las multitudinarias movilizaciones en contra de la continuidad de Boluarte en el poder.
Arce también expresó su consternación “porque decenas de peruanos han fallecido y centenares resultaron heridos en medio de movilizaciones sociales. Nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia”, ratificó.
El vicecanciller Mamani apoyó la postura del dignatario y subrayó que se ajusta a “nuestros principios de no injerencia en asuntos internos y respetando el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas”.
Agregó que el Gobierno boliviano ha estado “al margen de alguna incursión en ese tema”, y claramente ha establecido sus comunicaciones a través en los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
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