Esas normas se aplican en el conjunto de la Unión Europea (UE), con el protocolo de que cada nación debía trasladar sus requerimientos a la legislación nacional a más tardar en diciembre de 2021 para garantizar su aplicación desde este febrero.
Bruselas constató que España no cumplió con su obligación de notificar a los servicios comunitarios las medidas de transposición al Derecho nacional de la directiva que establece el régimen general de los impuestos especiales.
Hasta la fecha, Madrid carece de una notificación al respecto, aclara el Ejecutivo comunitario en un comunicado que recuerda que la nueva directiva deroga y sustituye una norma previa de 2008.
Por ello, la Comisión remite a las autoridades nacionales un dictamen motivado, segundo aviso en el marco de un procedimiento de infracción, que da ahora un plazo de dos meses al Estado miembro para resolver las deficiencias detectadas.
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