El político libanés llamó a todos en el poder para apoyar al Fiscal General de Casación, Ghassan Oweidat, y detener la “película estadounidense” y la injerencia de las embajadas extranjeras.
Wahhab manifestó en declaraciones al canal panárabe Al Mayadeen que Al-Bitar dio un golpe de Estado contra la ley y la Constitución, al tiempo que rechazó cualquier intento de desencadenar una guerra civil en la nación.
En este sentido, el experto pidió al fiscal Oweidat encarcelar al juez Al-Bitar, tras confirmarse sus vínculos con embajadas extranjeras y aprovecharse de su encuentro con una delegación francesa días atrás y lo dicho por los estadounidenses.
Aseguró que el juez Al-Bitar constituye una herramienta para hacer explotar una guerra civil en el país y lo tildó de mentiroso y evasivo.
Sobre esta línea de pensamiento, Wahhab preguntó: “¿Quién es Tariq Al- Bitar para provocar una guerra civil y quién es para demandar al fiscal de Casación, Ghassan Oweidat?
Al-Bitar es el «autobus de Ain Rummaneh» (hecho que generó la guerra civil libanesa en 1975) y transgredió la ley y la constitución, como si alguien lo hubiera instalado como gobernante consuetudinario sobre el Líbano, comentó.
Pidió a los europeos detener el chantaje y comprender las repercusiones del deterioro de la situación de seguridad en Líbano.
Al tiempo que, insistió en la necesidad del estado debe juzgar al gobernante del Banco Central, Riad Salameh, y no abrir las puertas a jueces del exterior ni a nadie, en alusión a la visita de expertos europeos la semana pasada a Beirut.
Esta semana, el juez Al-Bitar retomó sus labores en la investigación del puerto de Beirut luego de 13 meses en pausa con acusaciones ocho nuevas personas, entre ellas políticos, jueces, y personal de seguridad, y ordenando la liberación de cinco detenidos en el expediente.
La noticia generó una división en el poder judicial libanés y en este contexto, el primer ministro interino, Najib Miqati, alertó sobre las graves repercusiones a enfrentar debido a la crisis fiscal actual y el investigador asignado para el expediente de la explosión del puerto.
A más de dos años de la catástrofe capitalina, la interferencia política y la inmunidad de funcionarios de alto nivel alimentan la ira de varios familiares de las víctimas ante el irrespeto a las más de 200 víctimas letales, de acuerdo con reportes locales.
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