Hasta ahora son 12 los ataques registrados contra aspirantes a diferentes cargos, el más reciente fue el asesianto el pasado sábado a Julio César Farachio, quien buscaba llegar a la alcaldía de Salinas, provincia de Santa Elena.
Al día siguiente del hecho, las autoridades informaron sobre la captura del presunto autor intelectual del crimen y quien habría hecho varias amenazas de muerte al candidato.
Además de Farachio, otros dos aspirantes fueron asesinados en los últimos meses.
Uno de ellos, el periodista Gerardo Delgado fue asesinado el 10 de agosto de 2022, cuando ni siquiera se había convocado oficialmente a las elecciones y él solamente se perfilaba como candidato a concejal de Manta en representación del movimiento Revolución Ciudadana.
Además, en diciembre pasado mataron a tiros a Xavier Zambrano, asesor de Rodrigo Aparicio, candidato a la alcaldía de Durán, en la provincia de Guayas.
Otros candidatos, o personas vinculadas a ellos, no han llegado a ser asesinados, pero son víctimas de ataques que ponen sus vidas en riesgo por agresiones con armas de fuego, apuñalamientos, explosión de vehículos o explosivos en viviendas.
A la violencia ya cotidiana en las calles de Ecuador se añade la del mundo virtual. La Corporación Participación Ciudadana, al presentar este miércoles los resultados del Centro de Monitoreo en el marco del proceso electoral advirtió sobre un incremento de los discursos de odio en redes sociales, en particular contra las mujeres que se postularon para los diversos cargos.
Somos un país con prácticas políticas violentas, pero quienes se llevan la peor parte son las mujeres, apuntó Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, quien destacó la importancia de contar con más mujeres en política y más políticas públicas con visión femenina.
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 5 de febrero para elegir a 23 prefectos provinciales, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y cuatro mil 109 vocales de juntas parroquiales.
También definirán los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y responderán a ocho preguntas de la consulta popular convocada por el Gobierno, la cual cuenta con el rechazo de diversos sectores, entre ellos indígenas, profesores y estudiantes.
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