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Israel es un polvorín

El Cairo, (Prensa Latina) Las políticas del gobierno ultraderechista de Israel pusieron en pie de guerra a amplios sectores del país, que está a punto de explotar por los crecientes enfrentamientos verbales que prometen trasladarse a la calle.

Por Roberto Castellanos

Corresponsal jefe de Prensa Latina en Egipto

Tras vencer en las elecciones de noviembre último, Benjamin Netanyahu regresó al poder para un sexto mandato de la mano de la coalición más derechista en la historia de esa nación, integrada por partidos de línea dura y ultraortodoxos como Sionismo Religioso y Shas, respectivamente, además del ultraconservador Likud, la formación que encabeza.

Ahora los aliados quieren cobrar su respaldo y Netanyahu deberá pagar la factura, aunque ello conlleve una crisis diplomática con varios de sus vecinos árabes y Estados Unidos, histórico socio de Tel Aviv, como advirtieron en una carta más de un centenar de exembajadores y antiguos funcionarios de la Cancillería.

El aislamiento ya comenzó, según el diario The Jerusalem Post al revelar que más de 330 rabinos estadounidenses boicotearán al Ejecutivo por sus posturas conservadoras y radicales.

Tras 15 años de gobierno, 12 de ellos de forma ininterrumpida, Bibi, como se le conoce a Netanyahu, provocó en la última década una profunda polarización de la sociedad israelí en torno a su persona, ahora reforzada por sus socios ultraconservadores, como los diputados Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.

El recién instalado gobierno anunció o aplicó varias medidas antipalestinas, que incluyen la legalización de asentamientos en Cisjordania, el recrudecimiento de las operaciones castrenses allí y más restricciones a la construcción de viviendas para los árabes en ese territorio.

Ello explica las airadas protestas en la Ribera Occidental y la franja de Gaza y las preocupaciones internas como las del ex primer ministro y jefe de la oposición israelí, Yair Lapid.

Este último estimó contraproducentes esas acciones porque podrían provocar una nueva Intifada (levantamiento, en árabe).

El Ejecutivo impulsa un golpe de Estado ante nuestros ojos, con su racismo, corrupción, castración del sistema de justicia, politización de la policía y socavación de la cadena de mando en el Ejército, afirmó el ex jefe de Gobierno Ehud Barak.

También hizo alusión así a los poderes otorgados a Ben Gvir sobre la policía, tras ser nombrado ministro de Seguridad Nacional, y a los planes para impulsar una “cláusula de anulación” que permitiría al parlamento volver a legislar leyes anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia.

Aquellos que enfrentan un juicio criminal unieron fuerzas con racistas mesiánicos para derribar la democracia en Israel, subrayó en referencia a Netanyahu, quien enfrenta tres casos por soborno, fraude y abuso de confianza.

En esa línea, numerosos políticos de diversas tendencias ideológicas cuestionan a varias figuras del gabinete por su discurso abiertamente racista, antiárabe y homófobo.

La excanciller Tzipi Livni de igual manera la emprendió contra el Ejecutivo al que acusó de destruir la democracia en el país.

Precisamente, una encuesta divulgada por la firma Geocartografía, reveló que el 60 por ciento de la población está de acuerdo con Livni.

Ante tal situación, amplios sectores de la sociedad comenzaron a movilizarse cada sábado para patentizar su rechazo a las acciones del gobierno, en especial su polémica reforma judicial.

Si en la primera de las concentraciones en Tel Aviv participaron unas 80 mil personas, en la segunda la cifra creció a 100 mil, según datos de la policía.

En respuesta, el Ejecutivo quiere aprobar una ley para restringir aún más las protestas, reveló la radiodifusora pública KAN.

La normativa exigiría permisos policiales para cualquier manifestación que incluya a más de 100 personas y permitiría a los uniformados expulsar a las personas que “pudieran perturbar la paz”.

Además, los agentes estarían autorizados a imponer multas de hasta cinco mil séqueles (unos mil 466 dólares) a quienes desobedezcan las instrucciones policiales o no abandonen el área tras ser requeridos.

La medida coincide con el llamamiento de Ben Gvir a ese cuerpo armado a arrestar a quienes bloqueen carreteras o causen disturbios durante las marchas.

Con tal motivo, el extitular de Defensa Moshe Ya’alon criticó el plan al acusar al ministro de intentar reprimir las protestas.

“El pirómano, el delincuente convicto, el ministro del caos nacionalista que está a cargo de la policía, está avivando las llamas para deslegitimar a los manifestantes”, denunció en alusión a las condenas en el pasado del funcionario por disturbios, vandalismo e incitación al racismo.

La tensión política escaló cuando Tzvika Fogel, parlamentario del gubernamental partido Likud, llamó a arrestar por traición a Lapid, al exministro de Defensa Benny Gantz, al exjefe del Estado Mayor del Ejército Moshe Ya’alon y al también exmilitar Yair Golan.

Este último, quien además fungió como diputado, instó a la desobediencia civil contra el Ejecutivo, al cual calificó de malicioso y malvado.

Pero Netanyahu rechazó tal pedido en público, aunque advirtió que esas declaraciones “son un llamamiento a la sedición”.

El malestar llegó al Ejército por los poderes otorgados a los ultraderechistas Bezalel Smotrich y Ben Gvir, quienes recibieron responsabilidades por encima de lo castrense.

Como parte de los acuerdos de reparto de poder de la coalición gobernante, Ben Gvir fue puesto al frente de la cartera de Seguridad Nacional, con más prerrogativas que incluyen el control de la policía fronteriza, hasta la fecha bajo control de Defensa.

A ese ministerio también se le quitó competencias sobre Cisjordania que le fueron entregadas a Smotrich, un colono partidario de la anexión de ese territorio palestino a Israel.

En medio de este panorama, Netanyahu ya sufrió su primer revés al destituir al titular de Salud e Interior, Aryeh Deri.

La decisión fue adoptada luego de un fallo de la Corte Suprema que inhabilitó al dirigente del partido ultraortodoxo Shas debido a una condena por delitos fiscales. Deri abandonó el legislativo en enero del pasado año como parte de un acuerdo de culpabilidad, aunque luego retornó al hemiciclo en los comicios celebrados a principios de noviembre.

Ahora todas las miradas se dirigen al Shas, que amenazó con dejar en minoría al ejecutivo si despedían a su jefe, aunque tal advertencia parece todavía lejana. Los 11 escaños del Shas son clave para la alianza en el poder, que cuenta con 64 de los 120 curules del hemiciclo.

Con menos de un mes en el poder, Bibi y sus socios derechistas ya provocaron varios fuegos, que podrían extenderse a toda la geografía israelí.

arc/rob

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