En un sondeo de The Economist y YouGov, la cuestión resultó más popular entre las personas mayores de 65 años, pues cerca del 80 por ciento de ellos apoyaron tal medida.
Al menos 70 de cada 100 encuestados blancos afirmaron ser partidarios de reforzar la seguridad.
Sin embargo, solo el 50 por ciento de los entrevistados de raza negra y el 49 por ciento de los hispanos dijeron estar de acuerdo con el tema, según un reporte del diario The Hill.
De igual forma, uno de cada cuatro afroamericanos señaló no estar seguro.
A su vez, tres cuartas partes de los adultos de 45 a 64 años manifestaron que apoyaban el incremento de la seguridad en la frontera, así como el 55 por ciento de los de 30 a 44, y el 47 por ciento de los de 18 a 29.
El 5 de enero, la administración de Joe Biden anunció medidas para supuestamente aumentar la seguridad en la frontera con México y reducir los cruces ilegales, a partir de normas que ampliarían las vías reglamentarias para un desplazamiento ordenado y agilizarían la expulsión de migrantes.
El Gobierno indicó una extensión del proceso del llamado parole humanitario, el cual prevé que al mes hasta 30 mil personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití viajen a esta nación por un periodo de dos años y reciban autorización para trabajar si cuentan con patrocinadores estadounidenses que cubran sus necesidades financieras.
Las disposiciones también impiden que las personas de esos cuatro países soliciten asilo si cruzaron la frontera sin autorización.
En esta semana una coalición de 20 estados encabezados por republicanos presentó una demanda ante un juez federal de Texas para detener ese programa.
Autoridades informaron que en diciembre de 2022 hubo más de 250 mil encuentros con individuos en la frontera sur, la mayor cifra en un mes de la presidencia de Biden, apuntó The Hill.
Según estadísticas divulgadas por la cadena CBS News, desde el anuncio de las disposiciones en este mes la media diaria de migrantes detenidos tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sin permiso legal descendió más de un 40 por ciento.
El Tribunal Supremo impidió en diciembre pasado que el Gobierno levantara la orden fronteriza conocida como Título 42, que permite desde marzo de 2020 expulsar a los indocumentados sin darles oportunidades de asilo y fue criticada por su aplicación de manera selectiva.
La política despertó polémica entre quienes la defienden para controlar la frontera, y aquellos convencidos de que perjudica injustamente a los migrantes.
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