Así lo hizo la agencia en una carta a los representantes de los exgobernantes tras la aparición de papeles de carácter sensible en las residencias del actual ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, el anterior jefe de Estado, Donald Trump (2017-2021), y su vicepresidente Mike Pence.
“Le solicitamos que lleve a cabo una evaluación de cualquier material conservado fuera de NARA relacionado con la administración para la que usted sirvió para determinar si podría contener inadvertidamente informes sujetos a la Ley de Registros Presidenciales (PRA), ya sean clasificados o no”, señala la misiva.
“La responsabilidad de cumplir con la PRA no disminuye tras el final de un gobierno”, indica el texto citado por el canal CNN.
NARA hizo llegar la carta a los representantes de los expresidentes Trump, Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009), Bill Clinton (1993-2001), George H.W. Bush (1989-1993) y Ronald Reagan (1981-1989).
También la dirigió a los exvicemandatarios Pence (2017-2021), Biden (2009-2017), Dick Cheney (2001-2009), Al Gore (1993-2001) y Dan Quayle (1989-1993).
En agosto pasado, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) revisaron la mansión de Trump en Florida ublicada en Mar-a-Lago y detectaron archivos marcados como confidenciales y de “alto secreto”. Varios lotes de documentos de Biden de su era en el Gobierno de Obama fueron identificados en una oficina, en el garaje de su casa en Delaware y en el interior de la propiedad en noviembre y diciembre últimos, así como en enero de este año.
El más reciente escándalo fue por la aparición en la residencia de Pence en Indiana de cerca de 12 materiales con marcas de clasificación, luego de que este dijera, repetidamente, que no tenía papeles secretos en su poder.
El FBI trabaja con otras agencias norteamericanas en la evaluación de dichos materiales y analiza la repercusión que pudo tener en la seguridad nacional su almacenamiento en sitios considerados desafortunados.
En opinión de analistas, estos hechos evidencian la mala gestión de reportes oficiales del Gobierno, pues, según la ley, el jefe de Estado y el vicepresidente, una vez retirados del cargo, deben entregar los informes a los Archivos Nacionales para su almacenamiento seguro.
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