La organización, que se define como un grupo de presión integrado por ciudadanos que decidieron pasar a la acción y dejar de ser cómplices pasivos de la situación que vive el país, estimó que la CSJ protege a “funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita”.
La Ley de Probidad determina que los funcionarios gubernamentales hagan su declaración patrimonial de todos sus activos, pasivos, ingresos y egresos, dentro y fuera del territorio nacional, para que sirva de elemento de juicio en la calificación de la licitud de la eventual variación de su patrimonio y del correspondiente a su grupo familiar.
Informes señalan que más de dos mil 350 funcionarios del actual gobierno no declararon su patrimonio, incumpliendo la Ley de Probidad.
Este viernes Acción Ciudadana informó que la CSJ denegó información estadística sobre el listado de funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial y el número de expedientes procesados por enriquecimiento ilícito.
Según el grupo de ciudadanos, la Corte asume una posición de “negatoria injustificada que afecta el combate a la corrupción, a la vez que implica un retroceso en estándares de transparencia «.
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