Un sondeo divulgado por el diario Maariv destacó que el resto evitó contestar sobre el tema, que amenaza con generar una profunda división en la sociedad de este país levantino.
Esta reforma se convirtió en uno de los proyectos banderas del nuevo ejecutivo israelí, y a la vez en uno de los más cuestionados por amplios sectores.
Hace dos semanas, ocho decanos de facultades de derecho de universidades y colegios israelíes criticaron la propuesta.
Los catedráticos de las universidades Bar-Ilan, de Tel Aviv, la Hebrea de Jerusalén, Reichman y de Haifa, entre otras, cuestionaron los planes del ministro de Justicia, Yariv Levin.
Los cambios son una amenaza a la naturaleza democrática y liberal de Israel, argumentaron.
El proyecto de Levin incluye la llamada “cláusula de anulación”, que permitiría a la Knesset (Parlamento) volver a legislar leyes anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia. Según la idea, 61 diputados de los 120 que integran el hemiciclo podrían revocar un dictamen del máximo órgano de justicia. La coalición ultraderechista en el poder controla 64 escaños.
Además, Levin busca sumar otros dos políticos al comité que selecciona los jueces, integrado también por magistrados.
“Estos cambios buscan someter los nombramientos, y peor aún, también sus promociones y destituciones, de todos los jueces del Estado a la mayoría en la Knesset (lo cual) subordinará casi por completo el poder judicial a la coalición” ultraderechista, advirtieron los decanos.
Numerosos políticos como los ex primeros ministros Ehud Barak y Yair Lapid se sumaron a la ola de críticas.
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