La entidad reaccionó de este modo tras la decisión del gobierno de Pedro R. Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), de formalizar la contratación de Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy, para la operación y mantenimiento, además del eventual decomiso de la flota de generación, de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El director de El Puente-ELAC, Federico Cintrón Moscoso, manifestó que este acuerdo “no solo atenta contra los esfuerzos para descarbonizar la economía de Puerto Rico, sino que va en contra del Acuerdo de París”.
Igualmente, dijo, contraviene las leyes locales de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) y de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Ley 33-2019), que buscan avanzar la transformación de la generación de energía en Puerto Rico de una fósil a una renovable.
“Con este contrato el gobierno vuelve a salir en defensa de los mercaderes de combustibles, quienes son los culpables de que sigamos pagando las tarifas de luz más altas en todos los Estados Unidos, y para colmo lo hace con una empresa que ha violado las leyes federales y estatales”, expresó Cintrón Moscoso.
Observó que esta “alianza” se hizo a solo dos días de la presentación de los hallazgos del estudio federal PR100, que ordenó al gobierno de Puerto Rico a acelerar la transición energética a energía solar en techos con almacenamiento, ruta previamente planteada por las organizaciones que componen la propuesta Queremos Sol.
“Este contrato se da luego de un proceso de licitación de 24 meses catalogado como confidencial, al igual que con el de LUMA Energy”, dijo Violeta Múnera, coordinadora de campaña de El Puente.
Acusó al gobierno de Pierluisi de emplear este subterfugio para ocultar información al público y evitar que los más afectados por estas decisiones podamos expresarnos antes de ser condenados a más miseria.
New Fortress Energy es una compañía multinacional de gas metano o gas natural licuado, que llegó a Puerto Rico luego del huracán María “para aprovecharse de nuestra situación”, dijo Gabriel Meléndez, abogado de la organización ambiental.
“En 2019, comenzó sus operaciones en el muelle de San Juan sin consulta de ubicación, sin declaración de impacto ambiental y sin el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía y al día de hoy todavía no ha conseguido esos permisos y al gobierno parece no importarle”, agregó Gabriel Meléndez, abogado de la organización ambiental.
Cintrón Moscoso, en tanto, atribuyó complicidad al ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, con mayoría del Partido Popular Democrático (PPD), con los negocios turbios que genera en Puerto Rico. Queda en manos de la gente denunciar y parar estos atropellos y dejar de elegir funcionarios que velen por su bienestar y no el del país”.
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