Recordó que las víctimas llevan tres décadas de lucha por una sentencia como la emitida hoy por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cepeda aseguró que el fallo del tribunal regional se constituye en un precedente para que en el futuro no se vuelva a repetir en Colombia un genocidio político.
La decisión de la Corte dice claramente que el Estado colombiano tiene responsabilidad en ese exterminio y dicta una serie de medidas de reparación, de verdad y justicia, fundamentales para, de alguna manera, resarcir a más de seis mil víctimas directas y otras miles de personas que han sido banco de este genocidio político, subrayó el congresista.
La CIDH responsabilizó hoy al Estado por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP) desde 1984 y por más de 20 años.
El Tribunal recordó que la UP, se constituyó como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno nacional.
Como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la UP.
A partir de entonces, comenzaron los actos de violencia contra los integrantes, simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica.
La Corte constató que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de esa fuerza política se extendió en la casi totalidad del territorio colombiano.
Se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó la Corte.
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