Dos masacres ocurridas allí reflejan la situación de inseguridad en ese territorio, donde cinco personas fueron baleadas en un billar y a otras cinco les dispararon dentro de una urbanización privada, entre ellas una bebé de menos de un año de edad.
A esos hechos se suman otros homicidios en la mencionada provincia costera, que aún sin terminar enero registra 155 muertes violentas este año, de acuerdo con el canal Ecuavisa.
Los altos niveles de inseguridad -sicariatos, atentados contra los candidatos a las elecciones seccionales, cuerpos colgantes- se mantienen en Ecuador, pese a la acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado impulsadas por el Gobierno.
A fines de 2022 el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en los territorios más violentos (Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas) tras una oleada de ataques a estaciones de combustible, hospitales y unidades de policía.
Ecuador cerró 2022 con una tasa de más de 25 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, la mayor de las últimas décadas, según datos oficiales.
De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Zapata, 83 por ciento de las muertes intencionales están relacionadas con el narcotráfico y las luchas de poder entre los grupos de delincuencia organizada.
A fines del año pasado, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, comentó que el alza de los asesinatos es resultado de la “acción eficiente” del Estado con los constantes decomisos de drogas.
Esa opinión contrasta con la de expertos y la ciudadanía, quienes exigen al Gobierno implementar políticas públicas integrales que ofrezcan a los jóvenes oportunidades de educación y empleo.
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