Una nota publicada en la página oficial de la Presidencia de ese órgano, tras culminar hace unas horas una reunión del mismo, reitera “en cumplimiento de la decisión adoptada por el ministro de Justicia, la voluntad de no reconciliarse con quienes utilizan la violencia y la amenaza como instrumento de lucha política”.
En ese contacto, efectuado en la noche del lunes último, se analizaron las recientes acciones del 27 de enero contra el Consulado General de Italia en Barcelona, capital de la provincia autónoma española de Cataluña, atacado por individuos que dañaron el inmueble, y contra la Embajada de este país en Berlín, Alemania, donde incendiaron un vehículo.
Esos ataques ocurrieron a casi dos meses del perpetrado en diciembre del año pasado en Atenas, capital de Grecia, contra la residencia de Susanna Schlein, consejera de la misión diplomática italiana en ese país, en el que uno de sus automoviles fue embestido por el fuego.
Las investigaciones indican en los tres casos la responsabilidad de anarquistas, en favor de Alfredo Cospito, uno de los líderes internacionales de ese movimiento, quien se encuentra preso en Italia y realiza una huelga de hambre que afecta su salud.
Durante esta última cita del Consejo de ministros, el titular de Justicia, Carlo Nordio, recordó las causas de la condena a 20 años de prisión para Cospito y la aplicación de un severo régimen carcelario, conocido como 41 bis, “en pleno respeto a la autonomía de apreciación de la misma autoridad judicial”.
Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, se refirió a la red de apoyo al detenido, con “múltiples episodios de vandalismo o incendio y en manifestaciones callejeras, incluso violentas”, y aseguró que “el aumento de los riesgos de seguridad ha llevado a una mayor atención y las medidas necesarias para atenderlos”.
El canciller Antonio Tajani subrayó que ante los ataques de los últimos días y las amenazas, se indicó el “fortalecimiento del sistema de defensa de la red diplomática italiana en el exterior, necesario por la hostilidad mostrada hacia embajadas y consulados”.
Ante estos hechos, la primera ministra, Giorgia Meloni, manifestó que “creo que el Estado no debe dejarse intimidar por quienes piensan que amenazan a sus funcionarios”.
La vicepresidenta del Senado, Anna Rossomando, del opositor Partido Demócrata, expresó que “nuestra solidaridad va con las fuerzas del orden y el poder judicial”, pero sobre las condiciones carcelarias de Cospito recomendó “que las instituciones encargadas evalúen con urgencia si se mantienen las condiciones para su detención conforme al 41 bis”.
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