Mencionó entre otros inconvenientes la demora en trámites administrativos, la concreción de nuevas obras de inversión pública y la ejecución de las que están en curso.
Investigado en el expediente Golpe de Estado I, Camacho permanece encarcelado preventivamente por cuatro meses en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro en el departamento de La Paz.
En este caso es pesquisado por terrorismo, cohecho activo y seducción de tropas durante la ruptura del orden constitucional en Bolivia en noviembre de 2019.
Como resultado de ese complot, fue impuesto un gobierno de facto, asesinadas 37 personas, cientos heridos y se registraron miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Sin embargo, la mayoría de los asambleístas departamentales y los legisladores nacionales de Creemos, su partido, rechazaron viabilizar que el vicegobernador, Mario Aguilera, asuma la sustitución establecida en el Estatuto constitucional de ese territorio.
En opinión de Laura, esa decisión provoca demoras en la catalogación de nuevos proyectos de inversión pública.
Asimismo, genera obstáculos en la firma de convenios, por ejemplo entre la Gobernación y un municipio.
“Va a tener que superar el escollo de que los documentos se remitan a La Paz, donde está recluido, y tome más tiempo del que suele necesitar”, explicó en entrevista al canal estatal Bolivia Tv.
Adicionalmente, subrayó, otro obstáculo son las decisiones que corresponde a la máxima autoridad ejecutiva como modificaciones presupuestarias, y esto puede generar problemas en la flexibilidad de ese renglón porque existen varios temas y créditos que el gobernador cofinancia con el nivel central del Estado.
Pese a su detención, Camacho insiste en mantenerse en el cargo con todas sus atribuciones.
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