Por Maité Marrero
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Guatemala
Es cierto que se veía venir, pues algo similar sucedió en 2019, pero ahora llamó la atención por lo anticipado del primer caso con el rechazo del Registro de Ciudadanos (RC) al binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Según la resolución emitida el 28 de enero, esta agrupación con el binomio de Thelma Cabrera y Jordán Rodas no podrá ser inscrita porque a este último le aparecen cargos jurídicos y denuncias.
Por tanto, a entender del RC, carece de validez su Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos o finiquito, un papel emitido por la Contraloría General de Cuentas y que cuatro años atrás fue el pretexto perfecto para desmontar a candidatos considerados potencialmente peligrosos por sus posibilidades de triunfo como la exfiscal general Thelma Aldana (Movimiento Semilla).
Ante lo llamativo de la decisión en contra del MLP, en tanto otras fórmulas presidenciales polémicas pasaron ese primer filtro, Cabrera pidió a los magistrados revertir su fallo porque de lo contrario, afirmó, «se estaría demostrando anticipadamente al pueblo el fraude e electoral».
La postura de la lideresa no quedó solo en declaraciones, pues el 30 de enero la agrupación presentó el primer recurso de nulidad contra la resolución del RC y esperan que este corrija la plana porque el motivo, precisó, más que jurídico es político.
Cabrera ocupó un sorpresivo cuarto puesto en las urnas en 2019, expresión del cansancio ciudadano por las ofertas de los partidos tradicionales, y ahora podría volver a ser una figura de peso dentro de la fragmentada oferta electoral.
Medios como La Hora.gt recordaron que justo después de la proclamación del binomio (28 de diciembre), el ahora jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, José Córdova, denunció a Rodas por supuestas anomalías en el cobro de la indemnización al terminar en el cargo.
El exprocurador de los Derechos Humanos fue una voz incómoda durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y hace un año jugó un papel clave en la lucha por la autonomía de la universidad San Carlos y contra el fraude electoral que llevó a Walter Mazariegos a rector de la única casa pública del país.
Al conocer la negativa en principio del RC, Rodas escribió en su cuenta en Twitter que «las mafias organizadas pretenden dejar fuera a una de las candidaturas decentes de las elecciones».
«La democracia en Guatemala ha retrocedido otro paso, le temen al pueblo y sus decisiones soberanas», puntualizó.
«Yo tengo finiquito y vamos a dar toda la batalla legal nacional e internacionalmente», aseguró el exprocurador.
Para el emprendedor y escritor guatemalteco, Marcos Antil, «inscribir a quien la Constitución estrictamente prohíbe e impedir que otros participen por cualquier excusa deja claro que el TSE se rige por el interés de una política perversa y obsoleta». Estamos cansados de lo mismo, puntualizó en sus redes sociales.
El MLP se encuentra ante una encrucijada, tiene tiempo todavía para proclamar otro binomio (sustituir a Jordán) o pelear jurídicamente su inscripción con un alto riesgo de quedar fuera de las elecciones presidenciales, explicó el aspirante a alcalde capitalino, Juan Francisco Solórzano.
«Lo del TSE es un ataque a la democracia», publicó el abogado.
La polémica sube de tono porque, contradictoriamente, el TSE no expresó ninguna objeción para aprobar la fórmula presidencial de Zury Ríos y Héctor Cifuentes, de la coalición Valor y Unionistas.
Sin embargo, las impugnaciones llegaron de la mano de otras organizaciones políticas.
En el caso de Ríos, esta es la tercera vez que busca llegar a la presidencia; en 2015 quedó en quinto lugar y en 2019, después de varios recursos legales, la Corte de Constitucionalidad le prohibió su participación por un impedimento en la carta magna con base al artículo 186, por ser hija de alguien que llegó al poder a través de un golpe de estado (Efraín Ríos Montt).
No pasaron 24 horas de su aceptación por el Registro de Ciudadanos, cuando el partido Cabal impugnó su inscripción.
Según el documento presentado por el Secretario General en funciones de Cabal, Manuel Archila, la candidata a presidenta de Valor-Unionistas no puede participar en los sufragios del 25 de junio venidero porque se estaría violando un artículo constitucional.
Otra acción legal, esta vez por Todos, también puso contra la pared al RC pues pidió dejar sin efecto a la fórmula de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrada por Sandra Torres y Romeo Guerra.
Fue el propio binomio, el que en un video argumentó el recurso de nulidad contra la propuesta de la UNE.
«Hacemos un llamado al TSE para que se apegue a lo establecido en la Constitución en su artículo 186-f, el cual claramente establece el impedimento de Guerra, quien apenas hace dos meses, en noviembre de 2022, ejercía su cargo como ministro de culto y así lo proclamaba en todas sus redes sociales», argumentaron Ricardo Sagastume y Guillermo González.
En las últimas horas también trascendió una nueva impugnación de Winag contra Ríos y Héctor Cifuentes con argumentos similares a los de Cabal que apuntan a la Constitución y tienen un antecedente.
Con 16 fórmulas presidenciales proclamadas hasta el cierre de enero, 11 ya en proceso de inscripción y otras tantas pendientes de entregar su papelería al TSE, es un hecho que la “guerra de las impugnaciones” subirá de tono y serán muchas más las objeciones contra la labor del ente electoral.
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