En los últimos meses fueron frecuentes los informes de la recuperación de viviendas y apariciones en medios de prensa de Michelle Sol, la ministra del ramo, devolviendo a sus dueños propiedades usurpadas por pandilleros.
Fuerzas de seguridad recobraron más de seis mil edificaciones cuyas propiedades en regla fueron devueltas a propietarios y nuevos dueños en La Campanera, Soyapango y en otros tres municipios del área metropolitana de San Salvador donde los propietarios solicitaron créditos al Fondo Social de Vivienda.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, es una acción destacada rescatar de las manos de los delincuentes esas viviendas, ya que detrás de las ocupaciones ilegales sucedieron más de cuatro mil homicidios y “no había justicia, las estructuras terroristas mataban y se apropiaban de las casas”, puntualizó.
En esas zonas del país, los pandilleros se apropiaron de las casas luego de llegar amenazar a los propietarios, les ponían plazo para abandonar sus hogares o de lo contrario atentaban en su contra.
Muchos salvadoreños que ahora recobran sus casas las estuvieron pagando o ya la habían pagado pero tuvieron que abandonarlas antes las amenazas de las bandas cuyos integrantes las usaban o sus familiares.
Voceros de la Policía Nacional Civil (PNC) afirman que en algunos casos las residencias invadidas por los pandilleros eran usadas como centros de reunión para planificar delitos o cometer otros actos, entre ellos homicidios.
En ocasiones esas moradas eran alquiladas a terceras personas, según los informes. “Los pandilleros también hurtaban servicios de energía eléctrica, agua potable, internet y cable”, agregaron las fuentes.
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