La llamada cuestión previa planteba la nulidad de las pesquisas y, por ende, la prisión preventiva de 18 meses a la que está sometido el exgobernante destituido el 7 de diciembre último por intentar la disolución del parlamento adverso a su gestión y la reorganización de los órganos de justicia.
El recurso argumentaba que el Congreso lo despojó del cargo y revocó su inmunidad -la Policía lo detuvo antes de que se tomara la medida- pero no cumplió el procedimiento constitucional que obliga hacerle primero un antejuicio, aunque el Congreso unicameral alegó que, al anunciar las citadas medidas, incurrió en delito flagrante.
Un nuevo abogado de Castillo, su exministro de Defensa Wálter Ayala, presentó además en días pasados ante una Sala Constitucional una acción de amparo para que la justicia deje sin efecto su vacancia o destitución, es decir que le devuelva el cargo.
Otros recursos de los defensores del exmandatario han sido rechazados en diversas instancias de justicia.
La destitución de Castillo dio lugar a grandes protestas sociales, sobre todo en el sur del país, que han dejado hasta la actualidad 47 civiles muertos en la represión, así como un policía y 11 fallecidos en accidentes relacionados con el conflicto social.
Los manifestantes demandan la renuncia de la presidente Dina Boluarte, la disolución del legislativo, prontas nuevas elecciones y un simultáneo referendo sobre la pertinencia de una asamblea constituyente.
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