Con consignas como ¡Basta de mafia judicial! y ¡Defendamos la democracia!, miembros de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Corriente Clasista y Combativa se reunieron en las proximidades de la sede de la CS para condenar su mal desempeño y la persecución de dirigentes sociales.
También participaron los afiliados a la CTA Autónoma y la Confederación General del Trabajo, entre otros.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de la CTA y diputado del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, aseguró que los presentes en la demostración apoyan el procesamiento del titular de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por incumplimiento de sus funciones.
Queremos un cambio que termine con la corrupción y con la promiscuidad de las relaciones entre el poder y la justicia. Reclamamos la destitución de esos jueces. Dos de los miembros de la CS fueron designados a dedo por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) violando lo establecido. Los otros dos permitieron ese incumplimiento de la Constitución, señaló.
Se trata de una Corte que da excesivas muestras de ser permeable a las presiones de los poderosos, y cuyos fallos son realizados siempre con doble vara, precisó.
Los ladrones comunes son impiadosamente castigados, mientras que los delincuentes de guante blanco, los que blanquean dinero y hacen maniobras financieras delictivas, son grandes señores que hasta tienen la posibilidad de hacer un viaje privado a Lago Escondido, añadió.
De esa manera hizo referencia a una visita realizada recientemente a la mansión del magnate Joe Lewis en ese territorio por jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, implicados en la admisión de dádivas y otros delitos.
Yasky condenó “ese contubernio, la persecución política y judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el caso bochornoso de la dirigente social Milagro Sala- presa desde hace siete años-, y la existencia de una mafia que pretende dañar la democracia”.
Lo mismo pasó en Brasil, Bolivia y en otros países de América Latina. En Argentina, lamentablemente, todo eso va acompañado de una gran campaña de los grandes medios de comunicación que están en el centro del dispositivo criminal, indicó.
Además, explicó que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados cuenta con el apoyo necesario para llevar adelante el proceso contra la CS.
El dictamen, en base a los elementos de prueba y los testimonios, demostrará la necesidad de enjuiciar a los miembros de la Corte, aseguró.
Tras una petición del presidente Alberto Fernández y 11 gobernadores, los legisladores del FdT elaboraron un documento conformado por 410 páginas, el cual detalla las violaciones cometidas por el máximo tribunal y propone citar a sus miembros para que declaren durante la investigación.
El texto asegura la existencia de “una inadmisible degradación institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
Según explica, ello ocurrió principalmente por acciones de la CS como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26 088, la cual estaba vigente desde hace 16 años y establecía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
También favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el incremento de los fondos coparticipables y emitió una medida cautelar para obligar al Estado a pagarle a esta capital ese aumento, aun cuando ello no esté contemplado en el Presupuesto aprobado para 2023.
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