“Nos encontramos en la estación de servicio de combustible Volcán, específicamente en la isla superior, donde se comercializa gasolina y diésel para la ciudad de La Paz y estamos muy preocupados por los hechos que se están suscitando”, aseguró Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Jiménez informó a Prensa Latina que en ese lugar una de las operaciones de la ANH comprobó que allí se violan las normativas establecidas para este servicio.
“Estas establecen que las estaciones pueden comercializar a los usuarios directos hasta cinco mil litros y se comprobó que esta unidad operaba con 12 mil”, comentó.
Indicó Jiménez que esta actividad ilícita está penada por la Ley 100, específicamente en el Código Penal 226, que establece que si los implicados no cuentan con el permiso correspondiente pueden ser objeto de una sanción penal de entre tres y seis años de privación de libertad.
“Estas medidas son válidas no sólo para quienes incurren directamente en el acto de contrabando, sino también para la estación de servicio, que tendrá su medida correspondiente», señaló mientras un fiscal y una agente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen precintaban la escena del delito.
Jiménez aseveró que se trata de una acción reiterativa, pues el 2 de diciembre último el mismo servicentro incurrió en hechos penales.
Añadió que esa estación es la mayor comercializadora del territorio nacional, pues ahí se abastecen las flotas de ómnibus interdepartamentales y el transporte pesado para sus labores correspondientes.
“Ya el año pasado intervenimos una estación en Cúcuta, que tenía almacenado clandestinamente entre gasolina y diésel un total de 100 mil litros”, evocó el jefe de la ANH.
Advirtió que el Estado hace todos los esfuerzos correspondientes para la subvención, y esos recursos son desviados.
Explicó que en Bolivia se mantiene el precio de la gasolina en 3,74 bolivianos (unos 0,50 dólares) y el diésel en 3,72 (casi 0,50 dólares), mientras en Uruguay, por ejemplo, cuesta unos dos dólares, por lo cual no se puede tolerar lo que calificó de irresponsabilidades en la comercialización.
Agregó que las estaciones en Bolivia tienen las condiciones para cumplir con todas las garantías de seguridad en la operación, calidad, precio y volumen, y no se puede tolerar estas ilícitas.
Enfatizó en que la ANH respeta la independencia de la justicia y evidencia los hechos, que remitió a la Fiscalía para que aplique las acciones de su incumbencia.
Destacó que la ley establece que los instrumentos utilizados para estos hechos sean controlados por el Ministerio Público para que no se violente la escena del crimen.
“Haremos seguimiento estricto de estos hechos, y llamamos a todos los regulados de las 600 estaciones que brindan este servicio a que cumplan lo que les corresponde”, reiteró a esta agencia de noticias.
Jiménez describió que el Estado cumple con la subvención a estos productos y los comercializadores del carburante reciben su comisión.
“No es necesario que se llegue a estas ilícitas porque estaciones como estas comercializan gran cantidad de combustible y la población la necesita», dijo.
Agregó que este tipo de irregularidades generan después sobredemanda y especulación que afecta a la población cuando se rumora que escasea el hidrocarburo, lo cual es falso porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia garantiza el producto con la calidad, el precio y el volumen requeridos.
“La Fiscalía intervino los dispensadores y la cisterna, que permanecen sellados, y están en marcha las investigaciones correspondientes”, concluyó el director ejecutivo de la ANH.
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